Fiscal general de la nación, Francisco Barbosa
Cartagena (Colombia), 17 ago (EFE).- La Fiscalía colombiana imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, como «presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos», indicó este jueves la Fiscalía en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.
Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI «intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista«.
Estos otrosíes habrían generado un «impacto negativo», por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades, por valor de más de 160.000 millones de pesos (unos 38,6 millones de dólares).
La entidad agregó que también imputará cargos a «22 personas más», entre los que figuran directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un «entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) en sobornos en Colombia».
Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.
LA RUTA DEL SOL II
La Fiscalía «ha develado el mecanismo criminal», en palabras del fiscal general, Francisco Barbosa, que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento «dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo», según explicó en una rueda de prensa.
Este modelo se replicó en Colombia, según la Fiscalía, y los sobornos contaron «con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares», explicó la Fiscalía.
Esta «empresa criminal paralela», según la Fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, con el Caribe, en San Roque (Cesar).
Así, se aseguraron «dádivas» pagadas a través de empresas «offshore» y Odebrecht consiguió en menos de ocho años apropiarse «de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos».
