Según el tribunal, las afirmaciones que hizo el ex uniformado en redes sociales supusieron una violación de «las obligaciones contraídas en relación con las garantías de no repetición y no revictimización».
El oficial, cuando se sometió a esa jurisdicción creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc en 2016, «incumplió las garantías de no repetición y revictimización con las que se comprometió» durante el estallido social de 2021.
El alto tribunal detalló en un comunicado que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolvió un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad, con el que decidió revocar el beneficio de libertad otorgado y ordenar la captura del oficial retirado.
«La decisión fue tomada luego de comprobar que las expresiones utilizadas por el compareciente, en redes sociales, violaron el compromiso de garantías de no repetición adquirido. Como consecuencia de la decisión, una vez en firme, el compareciente deberá ser enviado a lugar de reclusión en donde deberá cumplir la condena impuesta por concierto para delinquir agravado», agregó la información.
Los «falsos positivos» es como se conoce en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos.
El objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores.
La JEP dijo que 6.402 personas «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», periodo que corresponde con el gobierno de Álvaro Uribe.
En ese sentido la Sala de Reconocimiento imputó a Mejía crímenes de guerra y lesa humanidad porque como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, fue hallado máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en los departamentos caribeños de Cesar y La Guajira.
Durante las protestas de 2021, según la JEP, el coronel Mejía hizo afirmaciones que «van en contravía del deber que los comparecientes adquieren de asumir la defensa de una cultura de paz, inclusive en escenarios de contienda política como fue el argumento presentado por la defensa» del oficial.
«Para adoptar dicha decisión la sección analizó 26 videos publicados en el canal de YouTube ‘Primero la Patria’ y encontró que en cuatro de ellos se presenta una afectación directa al régimen de condicionalidad, lesionando gravemente los derechos y garantías de las víctimas», añadió la JEP. (EFE)
