Entrada a Buenaventura.
Bogotá, 10 abr (EFE).- El hito de la tregua alcanzada entre «Shottas» y «Spartanos», dos bandas que algún día fueron una sola pero que se separaron y ahora controlan la ciudad, se convirtió en la bandera de la paz que el Gobierno de Gustavo Petro quiere conseguir en todo el país.
El pasado diciembre se celebró un acto en la ciudad en el que tanto Petro como la vicepresidenta, Francia Márquez, pusieron en relieve la importancia de esta tregua que permitió registrar meses sin un solo asesinato y que, en cierto modo, borró las fronteras invisibles que separaban la ciudad.
Sin embargo, el principal escollo para avanzar en el diálogo de paz entre las bandas y el Gobierno sigue presente: el sometimiento a la justicia, y en este tiempo no se ha avanzado en este aspecto.
Y aunque la situación mejoró, la población sigue sometida a la ley de las bandas y la extorsión impera en los barrios como una forma de sometimiento y de financiación de «Shottas» y «Spartanos».
Según las denuncias en los últimos tres días se han reportado balaceras en las comunas 10 y 12 de Buenaventura con armas de largo alcance, como ametralladoras o fusiles, según relata a EFE el coordinador de la organización PARES en el Pacífico colombiano, Juan Manuel Erazo, tras lo que ambas pandillas han emitido sendos comunicados refiriéndose a la situación.
Todo esto mientras se desconoce el paradero de uno de los voceros de los «Shottas» en los diálogos con el Gobierno, algo que ha tensado aún más el proceso de negociación y el acuerdo de tregua, que desde el principio fue «frágil», en palabras de Erazo.
En el marco de la política de paz total del Gobierno, el Alto Comisionado para la Paz «priorizó mucho Buenaventura», pero no ha habido «una comunicación eficiente» en este proceso, lo que ha hecho que lo que queden sean «preguntas».
Y aunque las bandas «no están dispuestas a vivir una guerra como la que se vivió», la tensión está escalando y tanto «Shottas» como «Spartanos» han querido «llamar la atención» ante la falta de compromiso del Estado en el proceso de paz.
Todo esto ha hecho que la población civil empiece a temer la vuelta a la violencia de hace meses y a que la relativa calma con la que ahora conviven se esfume. «Se ha roto la confianza» en el proceso ante la dilación de un diálogo que todavía no ha dado frutos, agregó el experto.
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EXTORSIONES
«Todo el mundo paga en Buenaventura, es como un impuesto adicional que se cobra en todas las calles y negocios», explica Erazo.
En ambos comunicados las bandas hacen referencia al sistema establecido para el pago de extorsiones, algo que habría motivado las balaceras, de las que por el momento no se reportan heridos o muertos.
«El pago del impuesto debe ser para ambos, no es solo pagarles a un grupo. Nosotros los ‘shottas’, en el momento que no se pague el IVA será quitada la mercancía», indicaron, en referencia a los comerciantes a los que se les obliga a pagar un «impuesto».
En respuesta al mensaje de sus rivales, los «Spartanos» defendieron que han respetado las zonas de injerencia de cada grupo establecidas «mediante un acuerdo interno y procurando por la paz en todo el distrito».
«Este acuerdo ha sido hasta el día de hoy un hecho que se ha visto reflejado en no violencia y 0 delitos incluyendo a la población civil, esperamos que se siga manejando de la misma manera la situación porque es un acuerdo que también incluye el proceso de paz y no queremos estropearlo» y exigieron que en «sus zonas» no se reclamen extorsiones por bandas o grupos ajenos.
En un texto más largo que el de sus rivales, los «Spartanos» también reafirmaron su compromiso «con la paz y la tranquilidad» que se ha vivido en los últimos meses», aunque criticaron «muchos abusos y culpas» por parte de los «Shottas». EFE
