Ministro de Justicia, Néstor Osuna, foto @MinjusticiaCo
El ministro aseguró que el Ministerio Público no puede sobreponerse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirmó que Colombia no puede actuar como una “isla” independiente.
“La Procuraduría tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los funcionarios elegidos popularmente, su atribución se construye a la vigilancia”. Dijo Osuna.
El funcionario también aseguró que sólo un juez competente en un proceso penal “puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente”. Y cuestionó que la Procuraduría insista en suspender funcionarios públicos, poniendo por encima las funciones del Ministerio Público sobre las de la Convención Americana. “
“Es obligación del presidente de la República, como garante de los derechos humanos (…) aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención Americana”. Es decir, le dio un espaldarazo a Petro y defendió su postura de negarse a ejecutar la suspensión que, según el Gobierno, podría constituir en una violación de derechos políticos.
El caso que desató la controversia, entre el jefe de Estado y la procuradora Margarita Cabello está relacionado con la orden de suspender por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por un proceso disciplinario que se le adelanta en el Ministerio Público.
Esta semana también ordenaron suspender al alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, durante cuatro meses por comentarios peyorativos contra directivos de la Universidad de Cartagena a quienes tildó de «corruptos» y «nido de ratas».
«Con su conducta el servidor público faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad, usando expresiones tales como: ‘corruptos’, ‘nido de ratas’, ‘malandrines'», entre otras señaló la Procuraduría (Ministerio Público).
Tras conocer dicha decisión el presidente, envió una larga carta a la Procuraduría General en la que muestra su disconformidad con que el Ministerio Público inhabilite a cargos públicos elegidos por voto popular y asegura que no nombrará reemplazos para alcaldes suspendidos, como el de Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
La medida cautelar dispuesta por la Procuraduría de suspender tres meses al alcalde «contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente (…) nada menos el de quedar impedido por orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo», se lee en la carta.
El presidente considera que la Procuraduría actúa sin acatar las decisiones de la CorteIDH, a quien mandará el concepto para que se actúe como en su caso «Petro vs Colombia».
