Tras la realización de manifestaciones relacionadas con el paro nacional, vándalos atacaron el Palacio de Justicia de Tuluá, en el corazón del Valle, y lo incendiaron.
El fuego se inició sobre las 7:30 p.m. y media hora más tarde ya se había extendido a toda la estructura arquitectónica, una de las más antiguas y emblemáticas de las ciudad.
«Lamentablemente, un grupo de personas, sin amor, sin respeto, por la ciudad y por los demás, la ha vandalizado. Ha causado daño a la infraestructura de tránsito, como semáforos y señales; ha vandalizado y destruido un edificio tan importante, hermoso, emblemático e histórico como el Palacio de Justicia, pérdida que no es reparable», sostuvo el alcalde municipal, John Jairo Gómez Aguirre.
Por su parte Rafael Guarín, consejero presidencial para la seguridad nacional, se refirió a los hechos asegurando que son parte del “plan sistemático de violencia a gran escala” que incluye también los bloqueos y que es liderado por el grupo que se cataloga como la ‘Primera Línea’ de la protesta.
El ataque en Tulúa «es otro acto ‘heroico’ de la llamada primera línea: delincuentes organizados, entrenados y armados para destruir, aterrorizar, generar zozobra y miedo en la ciudadanía. Una sociedad unida contra la violencia es fundamental para frenar la barbarie», escribió Guarín en un trino.
El fiscal general, Francisco Barbosa, manifestó por su parte que su despacho priorizará esta investigación y esclarecerá los hechos. «Queremos decirles a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la Rama Judicial del poder público en Colombia; que nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores y todas las personas que hacen parte de la Rama Judicial del país le cumplen un servicio a Colombia y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones», dijo Barbosa.
