Venezuela se convierte en el primer país de América en tener una investigación formal, por crímenes de lesa humanidad , en el alto tribunal creado por el Tratado de Roma.
El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karin Khan, decidió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos tras concluir su examen preliminar sobre el terreno, según el memorando de entendimiento ratificado por el organismo y el Gobierno de Nicolás Maduro.
En un acto en el que han participado Khan y el presidente Maduro, el fiscal del TPI ha agradecido el «debate sumamente franco y abierto», así como el «diálogo constructivo» que ha mantenido él y su delegación con representantes y funcionarios del gobierno venezolano.
El régimen de Maduro se mostró contrariado con la decisión del fiscal, pues considera que no se cumplen los requisitos previstos en el Estatuto de Roma para pasar de examen preliminar a fase de investigación, pero dijo respeta la decisión y colaborará con las investigaciones.
«Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin, destacando que, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad», dijo el gobierno.
«El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, para buscar la verdad, respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos», expresó el presidente Maduro.
En febrero de 2018, el TPI dio inicio un examen preliminar contra Venezuela por los supuestos abusos que habrían cometido sus fuerzas de seguridad durante las protestas contra el gobierno en 2017, así como contra algunos de los políticos que fueron encarcelados.
María Corina Machado , líder opositora, resaltó en el canal NTN24, que Khan dijo que no dejará politizar el proceso y expresó que el acuerdo Con la CPI significa que “Maduro ha firmado su propia sentencia”.
«La apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares», dijo en un trino el presidente interino, Juan Guaidó.
«Maduro y sus colaboradores deben saber que la impunidad no se impondrá, la lucha por la justicia sigue y el mundo nos acompaña. Maduro es un dictador sin futuro, se requiere una transición que permita restablecer la democracia y los DDHH para todos los venezolanos», dijo Julio Borges, encargado de asuntos exteriores del gobierno interino.
José Miguel Vivianco, directo para América Latina de la ong Human Rights Watch, expresó que la decisión del Fiscal de la CPI «es un mensaje sólido no solo para quienes cometieron abusos, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron». Amnistía Internacional también celebró el hecho.
Con información de Europa Press
