Desde que fue nombrada, Baracaldo -cercana a la primera dama, Verónica Alcocer- había sido cuestionada por su idoneidad para el cargo, pues es administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
Igualmente, la ya exdirectora del ICBF cuenta con una trayectoria destacada en varios temas pero no en niñez ni adolescencia y se había cuestionado que fue nombrada porque Alcocer la conocía de ser vecina y amiga suya.
En ese sentido, Baracaldo había trabajado en el Banco de la República y la Empresa de Energía Codensa-Emgesa, así como fue directora de Planeación de la Alcaldía de Chía y asesora de despacho en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca.
NUEVA DIRECTORA
Astrid Cáceres, quien se desempeñaba como subdirectora del ICBF, asume el liderazgo de una entidad que hace parte de un sector en el que ha trabajado toda su vida, por lo que cuenta con amplia experiencia.
La nueva directora es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Surcolombiana, así como hizo una maestría en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia.
También ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, entre ellos el puesto de subdirectora de Calidad para la Primera Infancia del Ministerio de Educación, y consultora de Unicef, entre otros.
Desde hace varias semanas, Cáceres lideraba la comisión del Gobierno Nacional que atiende la situación de las niñas y niños indígenas pertenecientes a los pueblos nukak y jiw en el departamento del Guaviare.
El mes pasado, las autoridades denunciaron que entre los recientes casos de abusos sexuales contra menores de edad en el departamento del Guaviare hay 69 cometidos contra niñas de comunidades jiw y nukak, dos pueblos indígenas declarados en vías de extinción.
A principios de este año se comenzó a destapar varios casos de militares, que durante los últimos cinco años han cometido violaciones y abusos sexuales contra menores de varias comunidades indígenas de esta zona.
A raíz de esta situación, por la que se ha cuestionado a instituciones como la Fiscalía por no hacer nada o desconocerla, el ICBF ha revelado que tiene registrados 587 casos de denuncias entre 2018 y 2020 en este departamento del sur del país.
Además de Baracaldo, Petro ha recibido también otras renuncias de cargos gubernamentales, como los de varias viceministras, pero aún no había habido ninguna renuncia de un funcionario que encabezara un ministerio o entidad gubernamental. (EFE).
