La Contraloría falló en su contra, en segunda instancia, en el juicio de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango. De no pagar la billonaria suma solidaria, el ex alcalde de Medellín no podría posesionarse como mandatario si logra la victoria electoral.
El precandidato de la Coalición de la Esperanza hace parte de los 26 implicados en el caso del proyecto hidroeléctrico, quienes tienen que pagar un total de 4,3 billones de pesos como sanción fiscal.
Esta decisión de la Contraloría afecta directamente la candidatura de Fajardo, quien, en caso de no pagar la sanción, no podría tomar posesión como Presidente.
De acuerdo con la ley, específicamente el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), hay inhabilidad para desempeñar un cargo público en caso de haber sido declarado responsable fiscalmente.
Además, el artículo 38 de este código señala que, luego de haberse presentado el fallo, este tiene una vigencia de cinco años, y que la única manera de levantarlo es “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsable fiscales”.
El abogado de Fajardo, Mauricio Pava, dijo que era como un chiste que la Contraloría hubiera revisado en dos días 26 apelaciones y más de cinco mil páginas, por lo que le parecía desconcertante la decisión.
Fajardo, en un comunicado en sus redes sociales, dijo que “estudiarán a profundidad las 2.106 páginas del fallo para tomar las decisiones legales y políticas correspondientes”. Además, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y, que una vez tengan claridad en el tema, convocará una rueda de prensa.
Por su parte, la Coalición de la Esperanza, en un comunicado firmado por el resto de sus líderes, reiteraron “su plena confianza en la trayectoria transparente de Sergio Fajardo y sus correctas actuaciones como servidor público”.
Si bien Fajardo puede seguir con normalidad su campaña presidencial, podría estar haciéndolo en vano, puesto que, si continúa con esta responsabilidad fiscal y en caso de ganar las votaciones del próximo año, no podría gobernar a Colombia.
El hecho, además, gravitaría fuertemente en su campaña y podría no resolverse rápidamente. Es fardo complicado para cualquier aspirante presidencial.
