Sin embargo, la actual vicepresidenta no será enviada a la cárcel debido a que goza de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato. La sentencia también incluiría una inhabilidad para ocupar cargos públicos de por vida.
La exmandataria fue acusada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia. Según el tribunal, dichas obras viales fueron otorgadas a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros diez exfuncionarios kirchneristas.
Es la primera vez en la historia de ese país que un vicepresidente en ejercicio es juzgado y condenado por la justicia. No obstante para ser efectiva, esta condena deberá transitar un largo proceso y ser refrendada o rechazada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.
No es la primera vez que Kirchner es investigada, en 2016, tras culminar su segundo mandato, fue procesada por primera vez en una causa por supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante su Presidencia, también se le asoció con presuntos negocios irregulares con sociedades inmobiliarias de su propiedad y por encabezar una enorme red de cobro de sobornos en la mediática «Causa de los cuadernos». También por el uso de aviones oficiales para enviar periódicos a su residencia en el sur del país o por atesorar documentos históricos que según el juez deberían estar en manos del Estado.
«Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy», llegó a decir Cristina en 2016, cuando se reabrió el expediente en el que se la acusaba de haber querido encubrir, mediante un pacto con Irán, a los sospechosos de ese país de cometer el atentado contra una mutua judía de Buenos Aires en 1994.
