La Procuraduría General de la Nación ha tenido que tomar cartas en el asunto para salvaguardar los recursos públicos que no son de poca monta. La primera medida ha sido frente a un proceso licitatorio que pasa los mil millones de pesos. En plata blanca, un billón de pesos. Todo como consecuencia de una cadena de irregularidades que terminaron por revocar el proceso licitatorio.
Llamó la atención del ente de control que vio que no había razones, tanto jurídicas como técnicas, para que los funcionarios del SENA tomaran dicha decisión y pusiera en riesgo una multimillonaria cuantía de dineros públicos.
Mientras la casa ardía, Londoño se mantuvo alejado del tema con el argumento que su viaje a España era de vital importancia para la institución. Pero quizás menos importante de lo que realmente estaba en juego. Eso nunca lo entendió. Una licitación que por esos “caprichos” de sus funcionarios decidieron suspender sin mediar las consecuencias con posibles demandas y un enorme detrimento patrimonial. Algo similar a lo que hoy ocurre con la famosa licitación de los pasaportes de la Cancillería. Donde perder es ganar un poco, como célebremente señalaba el profesor Maturana.
La Procuraduría decidió actuar con el fin de poder establecer por qué razón se pretende revocar un proceso licitatorio sin mediar las consecuencias económicas que ello traería para una entidad, que presta un servicio fundamental para la educación de miles de colombianos.
Por ello, tendrán que responder frente al ente acusador el propio director Jorge Eduardo Londoño; el jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy; ordenador del gasto y responsable de la licitación y líder del proceso de selección del oferente, quien fue suspendido de inmediato por un periodo de tres meses; la directora jurídica, Manuela Valentina García y la funcionaria María Ofelia Gallo.
Toda esta situación se dio por la improvisación en que se ha manejado los temas de contratación en el Sena. No se lleva una hoja de ruta de cada una de las licitaciones, los tiempos de ejecución, la planeación de nuevos oferentes. Y se ha buscado a través de la figura de “Urgencia Manifiesta” solucionar el desorden y la desidia administrativa, sin prever las consecuencias a través de contrademandas o abrir licitaciones por valores demasiado elevados como lo ha señalado la propia Procuraduría.
Las aulas virtuales
Eso ocurre con otra licitación que sobrepasa los 79 mil millones de pesos y que a lo largo de esta semana se definirá su suerte. Pero ya la propia Procuraduría tomó cartas en el asunto y anunció una estricta vigilancia del proceso. El que no se ha pronunciado es el director Londoño, ante esta delicada situación, especialmente porque tiene que ver con las aulas virtuales que permite a los estudiantes de las diferentes partes del país cumplir con sus labores académicas.
Lo que ningún funcionario del SENA ha querido explicar, pese a las diferentes solicitudes que se hicieron, es por qué razón se bajan los estándares de calidad y además la licitación pasa de 30 mil millones que costó en el 2019 a más de 79 mil millones, cuatro años después.
Pero además de eso, otro tema donde el director Londoño ha sido mudo, es por qué razón se ha permitido la participación de uno de los oferentes, Cognos Online, que tiene demandada a la entidad por 25 mil millones bajo el argumento que fue perjudicado en la licitación del 2019 cuando la perdió frente a la propuesta presentada por otros cuatro participantes.
Durante más de 17 años, Cognos Online fue contratista de ese servicio con el SENA y se movía como pez en el agua entre las oficinas administrativas y las de los sindicatos, uno de los más poderosos de las entidades públicas. A razón de 50 mil millones por licitación. En el 2017, ese mismo servicio por el que se pagaba 50 mil millones, se licitó por 20 mil millones de pesos menos. Es decir, 30 mil millones y con mejorías sustanciales en el servicio. Una respuesta que tampoco ha encontrado eco en la actual administración, que ha pasado de agache cada vez que se hacen preguntas.
Otro de los temas que llama poderosamente la atención de la Procuraduría es el proceso de apertura de la licitación que se dio desde el pasado 4 de agosto. Pero esta vez el valor pasó de 30 mil millones a 92 mil 894 millones. Y debía ser adjudicada en el pasado mes de septiembre.
Por razones desconocidas y sin explicación alguna por esta administración del SENA, a duras penas se llegó a prepliegos y una serie de observaciones de los mismos. El tiempo pasó y cuando se dieron cuenta que a finales del año se quedan sin el servicio de las aulas virtuales, decidieron acelerar el proceso. El plazo inicial de ejecución previsto para entrar en operación estima un valor mensual por la operación de $ 2,705 millones/mes, de ahí que el presupuesto estimado en los pre-pliegos fuera estimado en $92,800 millones para los 34 meses de plazo.
Al no contar con el certificado de disponibilidad presupuestal – CDP- para dar apertura al proceso de licitación por una parte y ante la disyuntiva de dar continuidad a los servicios de plataforma de educación virtual necesarios para los programas de formación del SENA, se paralizó el proceso licitatorio.
Desde agosto del 2022 se dieron prórrogas al contrato inicial firmado en 2019, que se ajustan a la ley de contratación, es decir, en tiempo y recursos. Sin embargo, para que estas prórrogas fueran ajustadas al marco legal solo se dieron hasta el 12 de octubre de 2023. Trayendo como consecuencia la necesidad de firmar un contrato de Urgencia Manifiesta por cinco meses hasta marzo 30 de 2024, que garantizará la continuidad de la prestación del servicio.
Quienes conocen de los procesos licitatorios, señalan que esta prórroga le va a permitir a la entidad ahorrar cerca de cinco mil millones en la ejecución de estos cinco meses de Urgencia Manifiesta, tratándose de los mismos servicios que pide la entidad en el pliego de condiciones. Pero la clave estaba en desarrollar todo el proceso de licitación.
Al igual que en el tema de los servicios tecnológicos, licitación que está paralizada, sin argumentación de fondo como lo señala la Procuraduría y que vale un billón de pesos, la plataforma virtual de aprendizaje es fundamental para que el SENA funcione. Lo grave del asunto, como lo ha señalado el ente de control administrativo, es que ni el director del SENA ni su equipo de trabajo, gestionaron con tiempo los recursos del periodo 2022 a 2026. Por ello, tuvieron que acudir a la hoy figura de moda “Urgencia Manifiesta”.
Este olvido del director Londoño, tiene a más de ocho millones de aprendices y usuarios de no contar con la calidad de una plataforma que ha prestado sus servicios desde el 2019, con una serie de ajustes que se han presentado en el desarrollo del mismo.
Para los ejecutivos de la empresa que actualmente presta el servicio, no entienden cómo es posible pasar la licitación de 30 mil a 79 mil millones, con el agravante que una serie de servicios que beneficia a los estudiantes se están excluyendo.
“La gran pregunta que nos hacemos es por qué, si se eliminan estos criterios, se mantienen los servicios y funcionalidades actuales, de manera consecuente no se reduce el presupuesto de prestación del servicio por mes. Por qué se mantienen los mismos $2.700 millones de presupuesto mes, sabiendo que en un contrato de Urgencia Manifiesta se pagan $1000 millones menos, más aún cuando el nuevo contrato contempla 28 meses de ejecución versus los 5 meses de la Urgencia Manifiesta, si vemos las economías de escala, este presupuesto debería ser inferior, lo cual le permitiría al SENA un ahorro de 28 mil millones de pesos para los próximos 28 meses”, señala uno de los ejecutivos de Territorium que hoy presta los servicios de las aulas virtuales.
Otras de los señalamientos que hace la Procuraduría es que en este Gobierno y en especial bajo la administración de Londoño, se ha evidenciado que no se está acudiendo a la modalidad de subasta inversa con la que se logra descuentos hasta del 48 por ciento.
Como decía una fuente de la Procuraduría, para el director Londoño, es más importante la noche de tapas en Madrid, España que lo que están sufriendo los aprendices del Sena en Madrid, Cundinamarca.
Por estas razones esta nueva licitación está bajo la lupa de los entes de control. Porque además e los funcionarios del SENA están haciendo cambios que van afectar la calidad de la educación y los servicios que hoy garantiza la plataforma. Y la pregunta sin respuesta de la entidad: Por qué de 30 mil a 79 mil millones. Esta semana se conocerá su suerte.
