El estudio titulado “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024” , elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, en coordinación con otras dependencias de la entidad, detectó poco avance en la formalización y actualización catastral en Colombia.
Ante la advertencia, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una advertencia formal al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Adolfo Marulanda Morales, porque hay una baja formalización y actualización catastral, que actualmente solo cubre 73 municipios, lo que representa aproximadamente 8,8 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas del país.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece una meta de cobertura del 70 %, la Contraloría señaló que aún es necesario acelerar el proceso, especialmente en los municipios más rezagados.
El informe también alertó sobre el riesgo de pérdida de recursos destinados a la implementación del Catastro Multipropósito, una problemática que ya se había registrado entre 2016 y 2019, con un promedio de desaprovechamiento del 9,25 %. En el periodo comprendido entre 2020 y 2023, este porcentaje aumentó significativamente al 46 %, lo que refleja una gestión ineficiente de los recursos asignados para este proyecto.
Otro de los riesgos señalados en el estudio es la deficiencia en la interrelación entre la información catastral y el registro de propiedad, debido a fallas en la implementación de los sistemas tecnológicos necesarios para la actualización. El 91,45 % del área rural y el 72,10 % de la urbana no disponen de datos actualizados, lo que genera un rezago significativo en los registros catastrales a nivel nacional.
La Contraloría también mencionó el riesgo asociado a la baja ejecución presupuestal en municipios históricamente vulnerables, como aquellos afectados por el conflicto armado o la pobreza.
Otra es alerta que si no se resuelve la pérdida de apropiación presupuestal, no se podrá cumplir con los plazos establecidos para la implementación del catastro, lo que obstaculizaría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
