La Procuraduría General de la Nación exige a la Superintendencia y otros actores del sistema, en el contexto de la implementación del nuevo modelo pensional en el país.
La delegada de Asuntos del Trabajo ha pedido información específica sobre las acciones emprendidas y el cronograma de actividades de la Superintendencia para mitigar los riesgos operativos de la administradora de pensiones.
El ente de control advierte que la falta de inspección, vigilancia y control inmediatos podría comprometer la viabilidad del sistema, los recursos involucrados y los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
En su comunicación, la Procuraduría destacó que "Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y actualmente presenta numerosas fallas tecnológicas, además de incumplimientos en los términos legales para decisiones sobre prestaciones económicas que afectan a aproximadamente 6 millones de afiliados".
Con la adición de 19 millones de afiliados que implica la nueva ley, el Ministerio Público ha instado a la Superintendencia Financiera a tomar todas las medidas necesarias para que esta entidad pueda gestionar adecuadamente la administración del sistema pensional.
Finalmente, el órgano de control subrayó que Colpensiones no está preparada para asumir las nuevas obligaciones establecidas en el proyecto aprobado. Carece de la capacidad técnica, logística, administrativa y operativa necesaria para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
