La vinculación de contratistas en el sector público en Colombia está experimentando un freno significativo, afectando el funcionamiento de diversas entidades estatales. Se reporta que esta situación ha llevado a una paralización de al menos 600 contratos en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que depende en gran medida del trabajo de este tipo de servidores.
El impedimento en la firma de contratos se atribuye a un cambio en la política laboral, que busca reducir la precariedad del empleo y limitar la contratación de personal por prestación de servicios. La reforma laboral en curso incluye restricciones a este tipo de contratación, buscando poner fin a contratos que se renuevan cada seis meses y promoviendo una contratación más estable.
La lentitud en la contratación se ha extendido a varios ministerios y entidades gubernamentales, generando preocupaciones sobre la capacidad de estas instituciones para llevar a cabo sus tareas misionales. Además de las consideraciones laborales, se mencionan aspectos presupuestales, ya que algunos rubros destinados a la contratación de personal tienen una asignación específica y manejan una bolsa de dinero específica.
La situación ha generado críticas, ya que la paralización de la contratación pública podría obstaculizar los esfuerzos del Gobierno para impulsar la economía y poner en marcha proyectos clave. La falta de personal podría afectar áreas estratégicas como la estructuración de proyectos y el manejo de concesiones viales, entre otros.
La incertidumbre afecta a los trabajadores, especialmente aquellos cuyos contratos vencieron en diciembre y aún no han sido renovados en enero. La nueva dinámica en la contratación genera preocupación sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo un plan de choque económico.
