La empresa de minería multinacional Glencore ha presentado una nueva demanda contra el Estado colombiano ante los tribunales de arbitraje internacional (ISDS), marcando la cuarta acción legal hacia el país. La minera alega que esta nueva querella está relacionada con "negocios de minería" y se origina a raíz de un fallo de la Corte Constitucional en 2017, que favoreció a las comunidades indígenas del departamento de La Guajira al proteger el arroyo Bruno de la expansión planeada por la mina a cielo abierto Cerrejón.
Glencore sostiene que la determinación de la Corte Constitucional fue "discriminatoria, irrazonable y arbitraria", argumentando que se les negó un trato "justo".
Cabe destacar que la primera demanda, presentada en 2016, se centró en la expropiación de la concesión de explotación de la mina de carbón Calenturitas, en la cual Glencore International y la minera nacional Prodeco tenían participación. Este proceso concluyó con un fallo a favor de ambas mineras, con el Estado colombiano obligado a pagarles 19 millones de dólares.
La segunda demanda se presentó en 2019, después de que se iniciara una investigación sobre la constitución de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I. Prodeco S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2016. La entidad de supervisión alegó que el proceso se abrió "por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, al haber creado un monopolio para el embarque de carbón en Ciénaga (Magdalena)".
El tercer arbitraje, en 2021, estuvo vinculado a la mina Cerrejón, después de que Glencore renunciara a sus proyectos mineros en el país tras el fallo de la Corte Constitucional a favor de las comunidades indígenas guajiras. Este fallo se produjo como resultado de una demanda presentada por las comunidades debido a los impactos ambientales en la zona, especialmente por el desvío del Arroyo Bruno para la expansión de la mina.
