El Ministerio de Salud decidió aumentar en 5.36 % el pago de la Unidad de Pago por Capitación, es decir, el monto anual por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Lo autorizado equivale a 1.521.489 en el año 2025 para las EPS del régimen contributivo y en 2024 estuvo en 1.444.086. Para las subsidiadas el aumento fue de 1.256.076 a 1,323,401.
Recientemente hubo una disputa pública entre Gustavo Petro y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales (Andi), quien propuso un incremento por dicho concepto de 16,9 %, sugerencia rechazada totalmente por el mandatario nacional.
“Creo que la ANDI se enloqueció. Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso a la ANDI”, dijo Petro.
Mac Master planteó que un aumento menor al que propone es un “riesgo”, en referencia a la garantía de atención óptima.
“Desde hace años sabemos que los recursos no son suficientes razón por la cual se han venido acumulando déficit que en partes son culpables de la crisis actual, el cálculo cuyo documento adjunto de cuánto debería ser la UPC responde al análisis técnico de esos objetivos. El dato publicado es el que equivale a las necesidades para atender a todos los pacientes. Cualquier cifra inferior implica un gran riesgo de salud y vida”.
El líder gremial planteó que “no es razonable hacer de la salud un campo de disputa política, por mucha plata que represente. Hay que concentrarse en atender personas en asegurarle a los pacientes su atención”.
¿Por qué el porcentaje?
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho reiteradamente que hay inconsistencias en la información entregada por las Entidades Promotoras de Salud. Ese sería un aspecto clave para no acceder a un incremento más alto.
Al principio de mes se le consultó sobre el incremento y explicó que estaban revisando con un equipo conformado por el Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia de Salud, El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), porque el cálculo dependía de la información financiera que entregaran las EPS y en ella había muchas inconsistencias de grandes proporciones.
“No puede pasar una EPS de 14 billones de pesos de gasto en 2022 a 24 billones en 2023”, cuestionó Jaramillo.
También reprochó que algunas EPS tenían gastos administrativos superiores al 300 %.
