El presidente Gustavo Petro desarrolló su agenda de gobierno este jueves 12 de diciembre desde el caribe, una región agobiada por los altos costos de las facturas de energía, entre otras razones derivadas de dinámicas del mercado y elevado consumo, debido a las altas temperaturas propias de la región; y otros múltiples problemas sociales.
El mandatario aprovechó estar en ese territorio, donde se requiere mucha inversión en diferentes frentes, para endurecer su discurso contra sus opositores políticos, muchos de ellos de la costa, como la familia Char, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia; el senador Mauricio Gómez Amín, entre otros. Se refirió al hundimiento de la Ley de Financiamiento que buscaba la autorización para aumentar impuestos a algunos sectores que el gobierno considera no prioritarios, mientras los críticos la consideraron innecesario porque habría 102,6 billones de pesos de todo el gobierno sin ejecutar.
Petro habló directamente de los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, un día después que decidieron archivar el proyecto.
Al hacer referencias a mejorar la educación el mandatario conectó sus palabras para desahogarse por la derrota en el Legislativo. “Ministro (de Educación) que pueda entregar a toda la juventud a lo largo y ancho de Colombia, y ojalá (sea) mi única y última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras”, expresó el mandatario. Siguiendo esa idea sentenció que la comunicación que había entre gobierno y esas instancias llegó a su fin.
“Finito. Se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros ni nosotros nada que esperar de ellos. La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos”.
Petro se refirió así porque el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de su gestión sostuvo varias reuniones con lo miembros de dichas células legislativas e incluso, como parte de esa relación, presuntamente excedida, es que Bonilla y varios congresistas están en apuros, cinco de ellos y un exrepresentante, fueron llamados a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, porque, según María Alejandra Benavides, exasesora del ahora exministro de Hacienda, este direccionó contratos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), a favor de quienes aprobaran el cupo de endeudamiento en 2023 y otros proyectos económicos del gobierno.
