Las asociaciones de pequeños mineros de Antioquia anunciaron un paro minero a partir del lunes 21 de octubre en las subregiones del Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. La concentración comenzará el día anterior, y se espera la participación de más de 30 mil personas en la protesta, que busca visibilizar el incumplimiento del gobierno nacional en la formalización minera. El paro también tendrá presencia en Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander, según informaron las organizaciones.
El motivo principal de la movilización es la falta de avances en el proceso de formalización de los pequeños mineros. Lizeth Osorio Martínez, presidenta del Comité por la Vida y la Formalización Minera Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, explicó que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos alcanzados durante las mesas técnicas, lo que ha generado frustración en los mineros informales. “La formalización minera está en el mismo punto que el año pasado, cuando se realizó el primer paro”, afirmó.
El presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios, Yarley Marín López, también expresó su preocupación, pero pidió tranquilidad a las comunidades afectadas por el paro. Marín recordó que la minería es una actividad clave para la economía de las subregiones y que es fundamental llegar a un acuerdo con el gobierno para evitar mayores afectaciones económicas.
Una de las principales quejas del sector minero es la exclusión de las Unidades Productivas Mineras (UPM) que utilizan maquinaria amarilla, ya que estas han sido clasificadas como de mediana minería y no han sido incluidas en el proceso de formalización. Según las organizaciones, esto afecta al 70% de las UPM, lo que representa un gran impacto para los pequeños mineros.
Además, los mineros han manifestado su rechazo al decreto que permite a las fuerzas públicas destruir maquinaria amarilla sin considerar si pertenece a pequeños o medianos mineros. Según Osorio, el comité ha cumplido con todas las exigencias del gobierno, pero no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.
El nuevo paro genera preocupación entre las comunidades y comerciantes, ya que en el paro de abril del año pasado se presentaron graves afectaciones económicas, desabastecimiento y daños en la propiedad privada, lo que dejó incomunicada a la subregión durante varios días.