El paro nacional en convocado por la Asociación Para el Desarrollo Integral del Campesino que inicio el pasado lunes por la prohibición de actividades agrícolas y ganaderas en los páramos, medida establecida por el decreto 044 de 2024 del Ministerio de Ambiente, ha generado afectaciones en la movilidad y las actividades cotidianas en algunos departamentos, aún en zonas como Boytacá y Santander.
La prohibición ha sido señalada por los campesinos como una amenaza directa a la producción alimentaria local y a la economía de las comunidades rurales. Según los representantes de la asociación, la medida “limita su capacidad de subsistencia” y pone en riesgo la seguridad alimentaria en las zonas afectadas. En respuesta, exigen que el gobierno reconsidere la normativa para permitirles continuar sus actividades en estos territorios.
Asomical y Asomineros Vetas, también se han unido al paro, criticando la implementación del decreto. Los mineros han señalado que la nueva regulación afecta su capacidad para operar en zonas de alta montaña, poniendo en peligro sus ingresos y la estabilidad económica del sector. "El decreto está entregando los territorios a la ilegalidad", declaró González, uno de los líderes mineros, aludiendo al impacto de la medida sobre la minería formal.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, declaró que se necesita un “consenso” para retirar la minería de ciertos ecosistemas estratégicos, mientras los mineros exigen que el gobierno cumpla con sus promesas de formalización para aquellos no vinculados con actividades ilegales.
Mientras tanto, el paro ha derivado en bloqueos en Boyacá y Santander, donde siguen algunos bloqueos, con más de 200 policías asignados para garantizar el orden público. Los sectores involucrados continúan esperando respuestas del gobierno, mientras las tensiones crecen en las zonas afectadas por la medida.
