La Corte Constitucional tomó una decisión en la que se ordena el incumplimiento general respecto a la suficiencia de los presupuestos máximos en el sector salud, es decir, con los que se financian servicios y tecnologías.
Uno de los puntos más relevantes fue la falta de giro de los recursos reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos para la vigencia 2022, que ascienden a 819 mil millones de pesos.
Aunque el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó la transferencia de estos recursos en diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda no ha realizado la transferencia, lo que incumple el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023.
Otro de los puntos que motivaron la declaración de incumplimiento fue el retraso en la creación de una metodología unificada para el reajuste de los presupuestos máximos. A pesar de que más de seis meses han pasado desde la notificación del Auto 2881 de 2023, el Ministerio de Salud no ha cumplido con la tarea que le correspondía.
En consecuencia, la Corte decidió abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, y le ordenó que, en un plazo máximo de 48 horas, cumpliera con lo dispuesto en los ordenales tercero y sexto del Auto 2881 de 2023.
Con respecto a la vigencia 2024, la Sala advirtió una desfinanciación del mecanismo, ya que los recursos asignados no son suficientes para cubrir los presupuestos máximos del segundo semestre del año. Aunque se realizaron varias adiciones al presupuesto, la asignación sigue siendo insuficiente para garantizar el pago de los servicios y tecnologías en salud.
La Corte también hizo referencia a las deficiencias persistentes en la asignación y distribución de los recursos. La metodología utilizada continúa siendo inadecuada, ya que los presupuestos máximos se reconocen en actos administrativos individuales para períodos de corto plazo, y el pago se realiza de forma tardía, lo que agrava la situación.
Asimismo, se supervisará que el Ministerio de Salud ha omitido la obligación de apropiar los recursos necesarios para garantizar la financiación de los servicios y tecnologías en salud (PBS no UPC). Este incumplimiento se considera un retroceso en la implementación de las órdenes de la Sentencia T-760 y una violación de las disposiciones establecidas en el Auto 411 de 2016.
Ante estas faltas, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social tomar varias medidas para subsanar la situación. Entre ellas, el pago inmediato de los presupuestos máximos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, así como el reconocimiento de los presupuestos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024, con plazo máximo hasta el 30 de enero de 2025.
Además, se exigió que el Ministerio de Salud cumpla con el pago de los presupuestos máximos de cada mes de 2025 dentro de los primeros 15 días de cada período, y que los pagos correspondientes a los primeros dos meses del año se realicen antes de finalizar febrero. .
La Corte también ordenó al Ministerio de Hacienda transferir los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con las obligaciones de pago establecidas en los términos de la providencia.
