En un fallo reciente, el Consejo de Estado declaró a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación como responsables del incendio ocurrido en 2014 en el que perdieron la vida 33 niños. El incidente se produjo cuando una buseta que transportaba a un grupo de menores y un adulto regresaba de una actividad religiosa en la iglesia ubicada en el municipio de Fundación, Magdalena.
El fallo, que establece la responsabilidad de las tres entidades, ordena el pago de una indemnización colectiva a favor de las víctimas. La indemnización está conformada por las reparaciones individuales de los miembros del grupo que participaron en el proceso y las solicitudes adicionales que pudieran presentarse por otros interesados que no intervinieron en el juicio.
En cuanto a la distribución de la condena económica, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia deberá cubrir el 80 % de la indemnización total, mientras que el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito asumirán el 10 % cada uno. La reparación está relacionada con perjuicios morales derivados de la muerte de los niños, lesiones y daño a la salud.
El Consejo de Estado determinó que “indefectiblemente las omisiones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, junto con el actuar del conductor del vehículo que transportaba a las víctimas el 18 de mayo de 2014, en el municipio de Fundación, constituyen la causa directa e inmediata de los daños”. Esta declaración subraya que las fallas de las entidades involucradas y la conducta imprudente del conductor fueron factores determinantes en la tragedia.
Según el fallo, la tragedia podría haberse evitado si se hubieran tomado precauciones para reducir los riesgos. La sentencia sostiene que, en caso de haber adoptado medidas para garantizar la seguridad del transporte, los niños no habrían abordado el vehículo en condiciones peligrosas, evitando así el desastre.
Además, el fallo resalta que las entidades responsables no cumplieron con el principio de protección primordial de los menores. La sentencia señala que las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de los niños no fueron implementadas, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
En relación con el estado del vehículo involucrado, la sentencia también aclara que el bus tenía el Soat y la revisión tecno-mecánica vencidos. A pesar de esto, continuó prestando servicio sin que se tomaran las medidas necesarias para verificar que estos requisitos se cumplieran, lo que representa otra de las omisiones responsables del incidente.
