El Consejo de Estado adoptó medidas cautelares sobre el programa ‘Jóvenes en paz’ que el presidente Gustavo Petro definió popularmente como ‘pagar por no matar’. La decisión consiste en no generalizar el apoyo por posibles futuros inconvenientes económicos.
Lo anulado provisionalmente es lo relacionado a permitir beneficiar a jóvenes en situación de pobreza general, limitando el alcance a aquellos en “extrema pobreza”. La decisión responde a una denuncia que advertía sobre posibles desbordes en el gasto estatal y contradicciones con la normativa vigente.
La suspensión temporal afecta el enfoque inicial del programa, diseñado para jóvenes de entre 14 y 18 años en situación de extrema pobreza, así como a quienes están en entornos de explotación sexual, criminalidad o zonas afectadas por la violencia y el conflicto armado. Esta iniciativa del Gobierno Nacional contempla ayudas económicas, oportunidades educativas y laborales, así como apoyo psicosocial.
La anulación afecta específicamente términos como “pobreza” y “vulnerabilidad en términos monetarios”, que fueron agregados para ampliar el rango de beneficiarios del programa. Según el Consejo de Estado, estos términos no están alineados con la normativa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, que destina el programa exclusivamente a jóvenes en condición de extrema pobreza.
El tribunal argumenta que el cambio implicaba una ampliación no autorizada del programa, lo cual excedería los parámetros legales. “El artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 previó que el Programa Nacional Jóvenes en Paz está dirigido a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentran en situación de ‘extrema pobreza’, y no de ‘pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios’”, afirmó el auto.
La decisión responde a una denuncia presentada por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien cuestionó el alcance del decreto reglamentario al considerar que este permitía incluir una población no contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Según la senadora, la expansión del programa generaría un aumento en el gasto público sin la autorización del Congreso, posición respaldada por el Consejo de Estado.
Se espera una decisión de fondo, pero por lo pronto se debe respetar lo fallado por el Alto Tribunal hasta que haya decisión definitiva.
