El escándalo de corrupción más grande de las últimas décadas que involucra al gobierno y al Congreso de la República sigue salpicando a políticos reconocidos en el país. Nuevos detalles aparecen por lo que aumentan los nombres y otros contratos.
La revelación consiste en partes de las presuntas pruebas que presentó la Fiscalía, basada en lo que aportó María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.
Son ocho senadores, integrantes de la Comisión Tercera y el secretario de esa célula legislativa, quienes habrían sido favorecidos con la asignación de 14 contratos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al parecer, por orden de Bonilla, según audio revelado por Semana.
En Antioquia, se señala a Juan Diego Echavarría de ser beneficiario de dos contratos para vías terciarias, uno por 13.000 millones de pesos en San Pedro de los Milagros y otro por 7.000 millones en Angelópolis.
En ese mismo departamento, de acuerdo a la versión de Benavides, que leyó el fiscal, también se asignó otro contrato por 5.000 millones de pesos que presuntamente favorecería a Rafael Oyola, secretario de la Comisión Tercera.
En el caso de Arauca, según la Fiscalía, los contratos fueron para favorecer al senador Efraín Cepeda, actual presidente del Congreso. Uno se radicó con el número 0021 para el mejoramiento y pavimentación mediante el uso de nuevas tecnologías en el tramo Caño Flores - Sitio Nuevo, municipio de Fortul, por 12,292 millones de pesos. El segundo contrato, también en el mismo municipio, tuvo radicado 0074 para el proyecto de construcción de pavimento flexible hacia la vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal, Puerto Jordán - Paraíso, por 3,783 millones de pesos.
Igualmente, apareció el senador Juan Pablo Gallo con un contrato de 14.860 millones en la vía Magangué - Achí, departamento de Bolívar. Gallo ya fue llamado a indagatoria porque presuntamente salió favorecido con contratos, también de la UNGRD, para aprobar proyectos del gobierno en la Comisión de Crédito Público, por lo cual debe presentarse a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el próximo martes 10. de diciembre de 2024.
Cesar fue mencionado por cuenta de dos contratos en el municipio de Becerril. Uno por 12.000 millones de pesos para el proyecto Pitalito y otro de 6.000 millones de pesos cuyo destino no se precisa, solo se agregó la palabra adición, los cuales serían para beneficiar a José Gnecco.
También se señala a Liliana Bitar con un contrato de 21.570 millones para vías rurales en San Pelayo, departamento de Córdoba. Ella por el mismo caso de Gallo y la mención del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, rendirá indagatoria este miércoles 4 de diciembre.
En el caso del departamento de Norte de Santander apareció mencionado el senador Jairo Castellanos con un contrato de pavimentación en el municipio de Catatumbo por 10.000 millones de pesos.
Otra que mencionan es a Karina Espinosa en el departamento de Sucre, con un proyecto de mejoramiento en la vía Varsovia - El Delirio por 12.600 millones de pesos.
En el Valle del Cauca el mencionado fue Juan Carlos Garcés por un contrato de mejoramiento de vías secundarias por un valor de 13.000 millones de pesos y otro para vías terciarias por 14.000 millones de pesos, ambos en el Valle del Cauca.
“Ya salió”
Una frase que llamó la atención en los contratos es la frase: “ya salió” , al final de cada anotación, lo que implicaría que esos contratos estarían en marcha. De ser eso lo que significa, habría una posibilidad de hacer la trazabilidad de los procesos contractuales. Distinto a lo que supuestamente ocurrió con los cuatro contratos que mencionó Olmedo López que estaban en su libreta y que originaron el llamado a indagatoria a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, así como a los senadores Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Liliana Bitar, al igual que el excongresista Juan Diego Muñoz. Según el abogado Andrés Garzón, defensor de Manrique, en ese caso por el que están asistiendo a indagatoria esta semana y la próxima, no se concretó el contrato, por ello, “no hay pérdida de ningún recurso para el país”.
Este escándalo es de grandes proporciones por el nivel de los implicados, en los más altos niveles del gobierno y el Congreso, además que se trata de una acusación que está sosteniendo la Fiscalía y por los que seguramente, por la calidad de aforados de los congresistas. , actuará la Corte Suprema de Justicia.
