Durante una rueda de prensa, Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, manifestó que “cualquier cierre prematuro del tribunal le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública”. Esta declaración se produce en respuesta a las intenciones del gobierno de Patiño de evaluar mecanismos para desactivar la jurisdicción y establecer un “tribunal de cierre”.
Desde la JEP, se enfatizó la importancia de que el Gobierno respete la separación de poderes y garantice que el tribunal especial cumpla con su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Según Vidal, un cierre prematuro de la JEP podría llevar a la Corte Penal Internacional a sancionar al Estado por incumplimiento de sus obligaciones.
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Vidal alertó sobre la postura que podría adoptar la Corte Penal Internacional (CPI) frente a decisiones que restrinjan las funciones de la JEP. “Esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales”, advirtió, recordando que gracias a la labor de la JEP, la CPI levantó el examen preliminar sobre Colombia.
La propuesta de Patiño también fue rechazada por la Corporación Excelencia en la Justicia, que calificó la iniciativa como una “ruptura de la Constitución”. En este contexto, Vidal destacó la importancia de un correcto financiamiento de la JEP para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
El presidente de la JEP indicó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha cumplido con la obligación de destinar recursos al componente restaurativo del Fondo Colombia en Paz. Aunque se acordó que el Ejecutivo destinaría 450.000 millones de pesos para este fondo, Vidal denunció que estos recursos fueron desviados a otras funciones dentro de la Unidad de Víctimas, lo que pone en riesgo la ejecución de sentencias de la JEP.
