Emilio José Tapia Aldana, conocido por su implicación en los casos de corrupción relacionados con el contrato para proveer internet a escuelas rurales, fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La condena está vinculada a su participación en irregularidades en el contrato para garantizar el servicio de internet en escuelas rurales, en el conocido caso Centros Poblados, y en dos contratos suscritos con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
El proceso judicial, que resultó en la sentencia, se centró en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, los cuales Tapia aceptó de forma libre y voluntaria. “A lo largo del proceso, Emilio Tapia ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y se comprometió a reintegrar 5.063 millones de pesos”, señala el fallo judicial.
Tapia ha comenzado a restituir los fondos obtenidos ilegalmente, habiendo entregado hasta el momento 2.532 millones de pesos a través de ocho títulos judiciales. El 50% restante de la deuda será saldado mediante dos pagarés por un total de 2.530 millones de pesos, los cuales deberán ser presentados en abril y octubre de 2025. Para garantizar el pago, Tapia ha ofrecido un inmueble ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, como respaldo.
A raíz de la condena, Tapia continuará privado de la libertad en un centro carcelario en Barranquilla, Atlántico. Este proceso judicial es el resultado de investigaciones que destaparon su vinculación con prácticas fraudulentas tanto en el contrato de Centros Poblados como en las obras contratadas por Emcali.
El escándalo de Centros Poblados comenzó en octubre de 2020, cuando Tapia, al enterarse de una licitación pública lanzada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), formó una alianza con diversas personas para crear la Unión Temporal Centros Poblados. El objetivo era obtener el contrato para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país, por un valor de un billón de pesos.
Para obtener la adjudicación del contrato 1043 de 2020, Tapia presentó tres pólizas bancarias falsas, lo que le permitió recibir un anticipo de 5.063 millones de pesos. Ese dinero fue destinado a la compra de obras de arte, vehículos y otros gastos personales, como el pago de honorarios a abogados y la cancelación de préstamos personales.
En paralelo, Tapia también estuvo involucrado en irregularidades relacionadas con Emcali. En febrero de 2021, a través de un consorcio vinculado a su nombre, se hizo con dos contratos de gran valor, por un total de 6.212 millones de pesos, para la construcción de obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, en el Valle del Cauca. Para garantizar dichos contratos, Tapia falsificó pólizas bancarias y engañó a funcionarios de Emcali, quienes emitieron avales administrativos para suscribir los acuerdos.
La condena de Tapia es el resultado de una investigación que ha revelado la complejidad de su red de fraude en el sector público y su vinculación en otros procesos de corrupción, lo que refuerza la importancia de la transparencia y la vigilancia en la ejecución de contratos públicos en Colombia.
