El exrepresentante a la Cámara, Juan Diego Muñoz, acudió a indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
Muñoz está señalado de ser parte de los nombres escritos por la congresista Karen Manrique en la libreta de Olmedo a López, para, supuestamente, ser favorecidos con contratos.
La mención inicial, en la versión de López, es que los congresistas también habían participado en reuniones donde estuvo el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y presuntamente, se pactaron asignaciones de contratos, a través de la UNGRD, a cambio de votos favorables en el Congreso de la República.
“Hemos venido a presentarnos a explicar nuestra inocencia”, dijo al llegar a la diligencia.
Al consultarle sobre si estuvo interesado en gestionar contratos como congresistas y lo empresarial tajantemente.
“En ningún momento he mandado a nadie que hable por mí y no sé porque estoy en esa lista”.
Muñoz Cabrera guardó silencio, utilizando una estrategia similar a la de los representantes Karen Manrique, Wadith Manzur, Julián Peinado, al igual que el senador Juan Pablo Gallo. La única que habló y respondió inquietudes del magistrado investigador Misael Rodríguez, fue la senadora Liliana Bitar.
Ahora, seguirá la práctica de pruebas en el proceso. Se deberá resolver algunas peticiones de los abogados, quienes solicitaron que Olmedo López rinda indagatoria, para poder conocer detalles de las acusaciones.
Sin embargo, López, al igual que María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buscan llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Benavides guardó silencio ante la Corte, mientras que el exdirector de la UNGRD no ha sido citado al alto tribunal por este caos en específico de los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El preacuerdo de López será socializado el 14 de enero y la decisión, de si es aceptada o no, se conocerá en marzo. El preacuerdo consiste en pagar siete años y un mes de cárcel y devolver 724 millones de pesos, aceptando los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
