La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena contra Efrén de Jesús Ramírez Sabana, exgobernador de Guainía, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El fallo se produce tras un allanamiento a cargos y establece una pena de 158 meses y 21 días de prisión, además de una multa equivalente a 1.086,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El exgobernador también fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 159 meses y 6 días. Adicionalmente, la Corte le impuso la inhabilidad intemporal establecida por el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, lo que le prohíbe ser candidato a cargo de elección popular, ser elegido o designado como servidor público, o celebrar contratos con el Estado, ya sea personalmente o a través de intermediarios.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la misma Corte.
La sentencia se deriva de un convenio interadministrativo firmado en 2007 entre la Gobernación de Guainía y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para el mejoramiento de la vía Huesito - Puerto Caribe. El contrato, valorado en más de 2.550 millones de pesos, fue adjudicado sin cumplir con los requisitos esenciales de planeación, economía, responsabilidad, legalidad y transparencia, tal como lo establece la legislación sobre contratación pública.
En su fallo, la Corte subrayó que Ramírez Sabana actuó con “total ligereza” al no cumplir con los principios contractuales establecidos en la Constitución y la ley. “Lo que se evidencia es la total ligereza en el cumplimiento al deber constitucional y legal de dar guarda a los principios contractuales”, señaló la Corte, refiriéndose a la falta de estudios previos y diseños técnicos, la elaboración deficiente de los pliegos de condiciones y la ausencia de una metodología adecuada para la identificación y evaluación del proyecto.
El fallo también abordó el delito de peculado por apropiación, destacando la desviación de recursos públicos por parte del exgobernador. “Obrando como representante del departamento y ordenador del gasto, marginándose del deber de verificar el cumplimiento a las labores contratadas”, Ramírez Sabana aprobó el pago de los recursos del contrato sin asegurar que el mismo fuera ejecutado correctamente, lo que causó un perjuicio al patrimonio estatal.
