La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos avanza en las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas contra el padre Francisco de Roux y otros miembros de la Iglesia Católica. Se les acusa de presuntamente omitir información sobre los abusos sexuales cometidos por el fallecido padre jesuita Darío Chavarriaga, hechos que habrían ocurrido durante su liderazgo en la Compañía de Jesús en Colombia.
La acusación recae principalmente en los delitos de omisión de denuncia y favorecimiento.
El fiscal encargado de la investigación ha planteado como una de las prioridades la atención a las víctimas y los denunciantes, lo que implica una serie de diligencias urgentes. Entre estas se incluyen entrevistas y la toma de declaraciones a las familias de los afectados, con el fin de obtener información clave sobre los hechos denunciados.
El abogado Juan David Riveros, quien representa al padre Francisco de Roux, solicitó desde el 8 de noviembre que su defendido sea citado a declarar en calidad de interrogado. La solicitud busca esclarecer las dudas sobre el papel de De Roux como Provincial de los jesuitas en relación con un caso de abuso denunciado por la familia Llano, cuyo origen remonta a cuando el religioso estaba al frente de la Compañía de Jesús en Colombia.
El caso está vinculado a presuntos hechos de encubrimiento relacionados con el abuso sexual cometido por el padre Darío Chavarriaga, quien fue acusado de pederastia en el contexto de su trabajo dentro de la comunidad jesuita. De Roux, en su rol de liderazgo, habría sido señalado por no haber tomado las acciones adecuadas para frenar estos abusos y, en su lugar, haber favorecido al acusado, lo que ha generado un gran debate sobre la responsabilidad e implicación de los altos mandos religiosos.
Las autoridades judiciales también han destacado que, dentro de la investigación, se está considerando la responsabilidad de otros miembros de la Iglesia Católica, que en su momento habrían tenido conocimiento de los abusos y, en su lugar, habrían decidido no informar a las autoridades competentes.
La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y la realización de entrevistas con las víctimas directas e indirectas de los hechos, en busca de esclarecer la magnitud de la supuesta omisión de denuncia.
A medida que avanzan las investigaciones, la atención se mantiene sobre los responsables de no haber actuado ante los abusos denunciados, en una situación que involucra tanto a la comunidad religiosa como a las autoridades civiles.
