La Fiscalía General de la Nación convocó a Jaime Ramírez Cobo y Andrea Ramírez a rendir versiones sobre su implicación en la presunta corrupción en la UNGRD. Ramírez Cobo, quien fungió como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, será interrogado el 22 de enero, mientras que Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, lo hará el día anterior, el 21 de enero.
Ambas citaciones se enmarcan en una investigación sobre el manejo de contratos en tres regiones del país, específicamente en torno a contratos en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca, los cuales suman un total de 92.000 millones de pesos.
Según revelaron comunicaciones entre Ramírez Cobo y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, el asesor presidencial presionó para agilizar la firma de estos contratos. En los chats filtrados, Ramírez Cobo urgió a Pinilla para que los proyectos no se caigan, debido a la necesidad de obtener créditos para la Nación.
Pinilla, según la investigación, fue contactado por el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también expresó su preocupación por los proyectos pendientes de firma.
A través de los intercambios de mensajes, el ministro de Hacienda habría mostrado inquietud por la viabilidad de los contratos y su relación con los créditos que el gobierno planeaba obtener.
En los documentos revelados, Ramírez Cobo parece haber jugado un papel central al poner en contacto a Pinilla con los actores clave para la aprobación de los contratos.
Según los registros, las gestiones fueron coordinadas desde el 14 de diciembre de 2023, cuando se intercambiaron mensajes entre los involucrados y otros funcionarios como María Alejandra Benavides, entonces asesora del despacho de Bonilla.
La matriz en la que se detallaban los contratos en los municipios de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar habría sido elaborada por Ramírez Cobo. Estos contratos eran esenciales para garantizar la aprobación de créditos de deuda necesarios para el gobierno, lo que según los implicados, requería la firma de dichos proyectos por parte de la UNGRD.
En ese caso también se indaga sobre Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Karen Manrique, en relación con la posibilidad de que haya tenido participación en la misma trama de corrupción.
