La investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) ha dado un giro significativo. La Fiscal delegada María Cristina Patiño ha denunciado la desaparición de pruebas importantes en la entidad. En su declaración, Patiño afirmó: "Solamente hay rastro, vestigio, muestra y elemento de la contratación. Estos elementos están siendo desaparecidos, según la Contraloría, 69 cajas desaparecieron (...) actualmente en la UNGRD existen contratistas que están desapareciendo pruebas". Esta situación ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas urgentes para preservar la integridad de la investigación.
Ante el juez 35 de control de garantías, la Fiscal Patiño ha solicitado la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Estos tres individuos están señalados como presuntos participantes en el esquema de corrupción que habría afectado a la UNGRD. La Fiscal argumentó que la urgencia de estas medidas se debe a "la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas".
La Fiscal profundizó en sus argumentos, señalando los riesgos potenciales si no se toman medidas inmediatas. Patiño advirtió: "Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad o no lograrse un preacuerdo, los procesados podrían intentar destruir, modificar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios o inducir a terceros para que se porten de manera desleal con la administración de justicia". Como evidencia de esta preocupación, la Fiscal reveló que Sneyder Pinilla había admitido haber eliminado conversaciones de WhatsApp que podrían comprometer a los procesados en los delitos investigados.
Además de la preocupación por la preservación de evidencias, la Fiscalía ha manifestado inquietud por la seguridad personal de los implicados en el caso. Patiño solicitó que los procesados sean recluidos en una guarnición militar, citando las amenazas que han recibido. En su intervención, explicó: "Por la situación de riesgo que han tenido los procesados (...) Fiscalía realizó la evaluación de riesgo de estos arrojando como resultado un riesgo extraordinario, razón por la cual les asignamos un esquema de seguridad robusto".
