La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, enfrenta la posibilidad de ser privada de libertad este 11 de diciembre, luego de que la Fiscalía solicitara una medida de aseguramiento en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, al inicio de la audiencia, cuya tercera sesión para continuarla es este miércoles.
El requerimiento judicial se produce en medio de una investigación en la que Ortiz es señalada de haber entregado 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, con el fin de que impulsara reformas del gobierno en el Congreso.
Según las autoridades, la exfuncionaria habría actuado como intermediaria para facilitar los trámites. Ortiz, según las investigaciones, fue delegada por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para gestionar los favores legislativos a través de Olmedo López, quien en ese entonces ocupaba el cargo de director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el marco de este proceso penal, la Fiscalía imputó a Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exconsejera negó, declarando su inocencia y no allanándose a las acusaciones.
El caso se fundamenta principalmente en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez, quienes fueron director y subdirector de la UNGRD, respectivamente. Ambos exfuncionarios admitieron su responsabilidad en el esquema de corrupción y están cooperando con las autoridades para obtener beneficios procesales.
De acuerdo con las declaraciones de López y Pinilla, la UNGRD habría sido utilizada como canal para distribuir coimas a congresistas, con el objetivo de asegurar la aprobación de las iniciativas legislativas propuestas por la Casa de Nariño. Estos testimonios han sido claves en el avance de la investigación y en el señalamiento de Ortiz como parte del entramado de corrupción.
