En una audiencia celebrada ante una magistrada de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos. Los hechos están relacionados con un proyecto contractual amparado bajo el Decreto 1622 de 2022.
El decreto mencionado facultó al Ministerio del Deporte para contratar el diseño e implementación de un sistema denominado “Sistema de Validación Nacional”. Este software tenía como propósito asociar las boletas de acceso a los estadios al documento de identidad de los hinchas y verificar antecedentes judiciales para restringir el ingreso de personas con prohibiciones legales.
Las investigaciones revelan que, presuntamente, la entonces ministra habría omitido los procedimientos legales establecidos, adjudicando el contrato de manera directa. Según el ente acusador, Urrutia habría condicionado a intermediarios a subcontratar con una persona previamente acordada. Esto, pese a las advertencias reiteradas de su equipo técnico y jurídico sobre las presuntas irregularidades.
En el expediente también se indica que durante el proceso no se realizaron estudios de mercado ni análisis para definir los costos del proyecto. Aunque se fijó un valor de 4.950 millones de pesos, el contrato habría tenido un objeto distinto al establecido en el decreto inicial, pasando de implementar el sistema a realizar un análisis de su viabilidad.
La Fiscalía argumentó que los documentos contractuales incluyeron avales de funcionarios que no participaron en el proceso y que se consignaron datos contrarios a la realidad. “Se desconocieron las advertencias técnicas y jurídicas, y se firmaron documentos que justificaron maniobras ilegales”, aseguró el fiscal del caso.
