La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió imputaciones contra militares retirados del Batallón de la Popa, en Valledupar, por su presunta responsabilidad en actos de tortura y persecución. La JEP informó que estos exuniformados habrían incurrido en crímenes que afectaron a poblaciones en situación de vulnerabilidad en Cesar y otros departamentos.
En el marco de las investigaciones, un total de 12 exmilitares fueron señalados por la JEP, de los cuales ocho enfrentan imputaciones por tortura y siete por persecución. La entidad destacó que, entre las víctimas de estos crímenes, se encuentran miembros de comunidades indígenas que sufrieron afectaciones durante el conflicto armado colombiano.
La formulación de cargos se realiza en el contexto de una serie de investigaciones por el homicidio y desaparición forzada de al menos 135 personas en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena. La JEP resaltó que los hechos investigados están relacionados con violaciones de derechos humanos y crímenes contra poblaciones especialmente vulnerables.
Según un comunicado de la JEP, “algunas de las víctimas eran integrantes de los Pueblos Indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad”, lo que subraya la diversidad de las personas afectadas por estos crímenes.
La JEP aclaró que estas imputaciones garantizan que los exmilitares “serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas, evitando así que tales discusiones se reabran en el futuro”. En palabras de la entidad, esta acción permite construir una “verdad más amplia y exhaustiva” sobre los daños causados a las comunidades y al territorio en el norte del país.
Además, la JEP señaló que los crímenes de persecución incluyeron motivaciones étnicas, dado que algunas de las víctimas eran parte de los pueblos indígenas kankuamo y wiwa. La entidad judicial especificó que, en algunos casos, “las víctimas fueron traídas de otras regiones con falsas promesas de trabajo o de negocios y, luego de su asesinato, fueron presentadas como muertes en combate”, de acuerdo con lo documentado en la investigación.
