La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, quien en 2020 ejercía como director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. El procedimiento busca determinar si hubo irregularidades en la firma de un contrato por $30 mil millones, destinado a la adquisición de telas para la confección de uniformes policiales.
El contrato en cuestión fue suscrito a raíz de una licitación pública, que tenía como objetivo el suministro de materiales para la producción de uniformes y otros productos para la Policía Nacional. Se desconoce aún si el contrato se ejecutó conforme a las condiciones del mercado o si se presentaron incrementos injustificados en los precios de los insumos.
Dentro de los elementos clave de la investigación, se señala que el exdirector no habría considerado adecuadamente las condiciones del mercado, lo que podría haber originado un aumento en los costos de las telas adquiridas. Se indaga si las decisiones tomadas durante el proceso de contratación fueron adecuadas en términos de costos y competitividad.
La Procuraduría ha solicitado información adicional para esclarecer las razones detrás de la elección de la modalidad de licitación pública. La entidad busca determinar si esta modalidad fue la más conveniente para la adquisición de productos de características técnicas comunes, como son los uniformes, que se encuentran dentro de un mercado con proveedores establecidos.
Además, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha requerido pruebas adicionales para entender los motivos por los cuales se eligió este procedimiento. La solicitud incluye un análisis exhaustivo sobre las decisiones tomadas durante el proceso de licitación y su impacto en el costo final del contrato.
En paralelo, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales ha sido encargada de realizar un dictamen pericial que determine si los sobrecostos mencionados en el contrato realmente existieron. Este informe será crucial para el desarrollo de la investigación y para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
