La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una indagación previa en contra de funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), a raíz de posibles irregularidades en un convenio de más de 14.900 millones de pesos. Este convenio, firmado para la adquisición de 283 botes para pescadores vulnerables, ha generado preocupación debido a su manejo administrativo.
Elusiones en el procedimiento de licitación pública
Según reportes de medios de comunicación, el convenio fue suscrito con la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior -Red Summa-, sin cumplir con los procedimientos de licitación pública requeridos por la normativa, dado el monto del contrato. La falta de este procedimiento podría contravenir las leyes que rigen la contratación pública en Colombia.
Contratación de una entidad sin experiencia
Otro aspecto que ha despertado inquietud es que la entidad contratada, Red Summa, no contaría con la experiencia necesaria para la construcción de embarcaciones. A pesar de ello, fue seleccionada para llevar a cabo la compra y construcción de los botes, lo que ha generado dudas sobre la idoneidad de la firma para el proyecto.
Condiciones del anticipo y la entrega de los botes
Además, se habría estipulado que la entidad contratista recibiría un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 7.000 millones de pesos, sin que se haya entregado ni uno de los botes previstos en el acuerdo. Esta condición ha sido señalada como un posible indicio de irregularidades en la ejecución del contrato.
Objetivo de la indagación
Con la apertura de esta indagación, el Ministerio Público tiene como objetivo determinar los responsables de los hechos y si estos constituyen una falta disciplinaria. Asimismo, se buscará esclarecer los motivos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría llevado a cabo la firma y ejecución del convenio.
Próximos pasos en la investigación
A medida que avanza la investigación, la PGN deberá identificar si existe responsabilidad penal o administrativa en el proceso de contratación. Las autoridades competentes también revisarán si se presentaron otros incumplimientos que pudieran afectar la legalidad del acuerdo y el bienestar de los pescadores beneficiarios del proyecto.
