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JEP expone complejidades para emitir sentencias y víctimas piden celeridad en condenas

55 máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, por parte de las Farc, han sido imputados, pero aún no hay condenas.

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Foto: JEP

Las víctimas que se han acogido al proceso de búsqueda de justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tienen la esperanza de que, a pesar de las complejidades, haya celeridad en los casos, ahora con la llegada del nuevo presidente Alejandro Ramelli, quien estará en el cargo hasta el año 2026, al igual que el vicepresidente, José Miller Ortega.

En el acto de posesión, Ramelli señaló que ya 55 máximos responsables (principalmente cabecillas de las Farc), han sido imputados por comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, sin embargo, la presión sobre el tribunal es que haya sanciones concretas contra responsables de hechos atroces. También aparecen siete generales retirados y otros oficiales.

“Ante la sección para casos con reconocimiento se encuentran estudiando cuatro resoluciones de conclusiones, una el tema de secuestro por las Farc, el caso costa caribe, Dabeiba y Norte de Santander. Cada una están surtiendo los trámites procesales en el tribunal, porque el paso de las salas es mediado por varios actos procesales, no es la admisión de una sentencia automática”, explicó el magistrado.

Manifestó que el proceso lleva tiempo, porque se requiere rigurosidad, además no solo trabajan con la versión de los comparecientes de la JEP, sino que deben sustentar los testimonios con visitas al territorio, realizar exhumaciones y buscar otros elementos forenses que permitan encontrar justicia real.

Como parte del balance, también se refirió a la entrega de cuerpos, 14 de ellos encontrados en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, que no estaban identificados.

La víctima del conflicto más antigua que ha sido encontrada, como parte del trabajo que ha apoyado la JEP, data de 1982, quien había sido reportada como desaparecida en Medellín.

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Sobre las prácticas del conflicto, Ramelli aseveró que “hubo una política inconstitucional de conteo de cuerpos” y que la violencia sexual fue utilizada sistemáticamente por los grupos armados. Además, los indígenas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ recibieron “una carga desproporcionada de la guerra”.

Sobre expedientes que no han sido trasladados desde la Fiscalía dijo desconocer la razón, pero el nuevo vicepresidente José Miller Hormiga, aclaró que se debe a que “el sometimiento integral de personas que han estado por fuera de la Ley no es sencillo, porque hay situaciones jurídicas que ni ellos conocen y en la medida que van apareciendo siguen llegando” y deben ser remitidos desde la Fiscalía paulatinamente, no significa que todos estén en el ente investigador y no han sido entregados.

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