La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia investigar a un mayor general, cuatro excongresistas, varios agentes del Estado y civiles, después de que el narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, los señalara por graves delitos como asesinatos y desapariciones forzadas.
Esa versión de ‘Otoniel’ surgió después de un testimonio a magistrados de la JEP, desde una cárcel en Estados Unidos, los días 9, 10 y 11 de abril.
La JEP confirmó que, tras verificar los señalamientos, existen pruebas suficientes que vincularían a un excomandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado y tres civiles con la consolidación del poder paramilitar en los departamentos de Casanare y Arauca.
De acuerdo con las declaraciones de alias Otoniel, los implicados habrían colaborado con el bloque Centauros en Casanare y el bloque Vencedores de Arauca, grupos señalado por violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra entre 2000 y 2006.
Alias ‘Otoniel’ añadió que, en Arauca, el bloque Vencedores contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando su poder en la región. La JEP sostuvo que las conductas denunciadas podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, considerado un crimen de lesa humanidad según la Corte Suprema de Justicia.
Los mencionados por alias ‘Otoniel’ que pide la JEP sean investigados son, el Mayor general Carlos Omairo Lemus Pedraza, quien fue comandante de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003; Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador del departamento de Arauca; los exsenadores Milton Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Ortiz; el exrepresentante a la Cámara, Helí Cala López; y el exdiputado y exgobernador de Casanare, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez.
En la lista también incluyen a Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde del municipio de Tame, Arauca; Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare; Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena; y Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena.
