La Juez Tercera Penal Municipal de Control de Garantías decidió enviar a prisión a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, mientras se desarrolla el proceso de investigación en su contra, por el escándalo de corrupción de contratos irregulares para favorecer a congresistas a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de aprobar la reforma.
En principio decidió que quedaría recluida en la cárcel Buen Pastor, pero después cambió de opinión.
“La medida es razonable, dado que la Constitución y la Ley la prevén. Asimismo, el bloque de constitucionalidad frente a ello. Por lo tanto, el juzgado considerando que los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en función con los de la defensa, si prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Es por ello que el juzgado procede a imponerle medida de aseguramiento a la señora Sandra Liliana Ortiz Nova”.
Después de escuchados los argumentos del abogado Oswaldo Medina y de Sandra Ortiz, que apelaron la decisión, optó por ratificar la prisión intramural, pero en una guarnición militar. Mientras se gestiona el cupo, su seguridad estará a cargo de la Policía.
La juez argumentó que el contrato de los carrotanques se hizo con sobrecostos para favorecer a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes.
Este miércoles fue la cuarta sesión de la audiencia de imputación, la cual fue suspendida por diversas causas, sin embargo, el juez decidió ordenar prisión intramuros. La defensa que lidera el abogado Oswaldo Medina pidió la libertad porque, asegura, ella no podría influir sobre los involucrados en el proceso, no representa un peligro para la sociedad y tampoco hay riesgo de fuga.
Otro de los aspectos que esgrimió la defensa como errados fue una versión de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en cuanto a sus recorridos en Bogotá el día 12 de septiembre de 2023. Esa fecha, según Pinilla, acompañó a Ortiz a la casa del entonces presidente del Congreso, Iván Name, sin embargo, las celdas de ubicación del teléfono no coinciden.
No obstante, el juez demostró que había otros elementos coinciden que desestimaban esa hipótesis. También resaltó que, pese a ser de un particular, como se sabía del delito, igual constituía lavado de activos.
