El Decreto 2422, emitido en diciembre de 2022 por el gobierno del presidente Gustavo Petro, habilita la designación de voceros de paz entre personas privadas de libertad. Esta norma establece una comisión intersectorial que incluye a los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, así como el DAPRE, para hacer recomendaciones al presidente sobre quienes podrían ser nombrados como voceros de paz.
Recientemente, una demanda fue presentada ante el Consejo de Estado para impugnar el decreto, argumentando que este afecta la separación de poderes y compromete la independencia judicial. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia ha enviado un oficio de cuatro páginas en defensa de la normativa.
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En la respuesta a la demanda, el Ministerio de Justicia solicita que el Consejo de Estado no acceda a las pretensiones de nulidad. La ministra Buitrago afirmó que los demandantes "asumen erróneamente que el Decreto 2422 del 2022 faculta al Presidente para nombrar a cualquier persona como gestor de paz o vocero para la paz, y, con ello, se levantarían las órdenes de captura impuestas por los juzgadores".
La ministra aclaró que el decreto “no confiere la facultad para decidir sobre la situación jurídica particular de los ciudadanos”, ya que la comisión tiene la capacidad de hacer recomendaciones, pero no puede ordenar el levantamiento de órdenes de captura. También indicó que “ni tampoco desvirtúa el rol de los jueces en la adopción de decisiones relacionadas con las medidas de aseguramiento”.
Buitrago concluyó que el decreto permite un mejor enfoque sobre las dinámicas del conflicto en el país, destacando que “Colombia hace mucho tiempo está generando posiciones frente a la paz” y subrayando la importancia de los jueces de paz en el contexto colombiano.
