La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, volvió a referirse al proyecto de reforma a la justicia, el cual ha sido objeto de críticas. Destacó su disposición para revisar el artículo 7, que plantea reducciones de penas para quienes hayan sido condenados por delitos de abuso sexual y asesinato de menores y decidan colaborar con la justicia. Sin embargo, Buitrago señaló que las críticas que ha recibido este apartado obedecen a una narrativa “falsa” sobre los beneficios que contempla.
Buitrago defendió la reforma afirmando que no tendría inconveniente en retirar el controvertido artículo si fuera necesario, pero advirtió que se ha interpretado erróneamente como una medida que busca beneficiar a los delincuentes. "Hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación", expresó la ministra.
De acuerdo con su pronunciamiento, el objetivo de la iniciativa es asegurar sanciones efectivas y no crear una percepción de impunidad. Su visión es que las penas altas o sin beneficios no siempre logran justicia.
Reiteró que el proyecto busca imponer sanciones que sean “reales” y que fortalezcan el sistema judicial en lugar de permitir beneficios injustificados. "Son delitos que tienen penas altas, esto nunca se ha dicho, ni que tengan rebajas máximas ni que vaya a no imponerse la pena al contrario”, precisó la funcionaria.
A pesar de los intentos por concertar puntos de acuerdo en el Congreso de la República, el debate en torno al artículo 7 ha profundizado las diferencias entre los sectores políticos. Durante las últimas semanas, congresistas y miembros de diferentes instituciones han mostrado posturas divididas en cuanto a la viabilidad de incluir este tipo de beneficios en la reforma de justicia. Las discusiones en el Senado han evidenciado la complejidad de llegar a un consenso sobre un tema tan sensible para la sociedad.
Con el respaldo de varios sectores y ante la oposición de otros, el proyecto de reforma a la justicia continúa en un proceso de ajustes. La ministra ha insistido en que la reforma es necesaria para combatir la impunidad y reforzar la capacidad del sistema judicial en la sanción de delitos graves.
