La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta sobre la compleja situación humanitaria y de seguridad en el departamento de Caquetá, afectado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, identificados como disidencias de las FARC. Desde agosto, la violencia ha afectado a los habitantes, quienes han vivido situaciones de extrema gravedad.
Entre los hechos reportados, la Procuraduría señaló que se han registrado dos accidentes por minas antipersonal en el municipio de San Vicente del Caguán, así como siete homicidios selectivos en los municipios de Puerto Rico y Belén de los Andaquíes. Además, la navegación en los municipios de Solano y Cartagena del Chairá ha sido restringida, y en Florencia, las comunidades han sido citadas para ser extorsionadas por los grupos armados.
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El Ministerio Público ha solicitado acciones urgentes y decisivas por parte del Gobierno Nacional para proteger a los líderes sociales, niños, adolescentes y las comunidades en riesgo en Caquetá. "Requerimos acciones urgentes y contundentes del Gobierno Nacional", enfatizó la Procuraduría, instando a la oficina del Consejero Comisionado de Paz, el Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Nacional de Protección y el ICBF a tomar un rol activo en la región.
En el marco de un Comité de Justicia Transicional en Cartagena del Chairá, se declaró el confinamiento de 16 veredas, afectando a 2,182 personas que ahora enfrentan desabastecimiento de víveres y medicamentos, además de la suspensión de clases presenciales. La Procuraduría subrayó que, hasta el momento, no ha habido una respuesta adecuada por parte de las entidades del Estado ante esta situación.
Finalmente, la Procuraduría advirtió que la falta de decisiones y medidas por parte del Gobierno Nacional para anticipar y mitigar la escalada de violencia en Caquetá está agravando la percepción de abandono institucional en la región, dejando a la población vulnerable a las acciones de los grupos armados ilegales.
