La Procuraduría General de la Nación expresó su condena al asesinato del pastor Iván Darío García González, ocurrido el pasado 9 de enero en el municipio de Zona Bananera, departamento de Magdalena. Este homicidio se suma a una serie de crímenes violentos contra líderes religiosos en Colombia, que incluye el asesinato del pastor Marlon Yamith Lora, junto a su esposa Yurley Rincón, su hija Ángela Natalia y su hijo Santiago José en Aguachica, Cesar, el 29 de diciembre de 2024.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, calificó estos hechos como una grave vulneración a los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y la libertad religiosa.
“Este pastor es una de las muchas víctimas que enfrentan riesgos asociados al ejercicio de liderazgos religiosos”, señaló Sarmiento, al destacar el papel crucial que desempeñan estos líderes en la cohesión social y la construcción de valores en las comunidades.
El Ministerio Público inició una serie de actuaciones frente a estos crímenes, que incluyen la solicitud de medidas preventivas al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La Procuraduría instó a que se identifique a los liderazgos religiosos como una población en situación de riesgo, evaluando su inclusión en el Programa Nacional de Protección.
Asimismo, solicitó información detallada sobre las acciones implementadas por las autoridades para garantizar la seguridad de los líderes religiosos en el país. La entidad enfatizó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para prevenir futuros hechos de violencia contra este sector.
La Procuraduría reiteró un llamado urgente a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de protección y prevención dirigidas a los líderes religiosos, quienes, según la institución, continúan enfrentando serios riesgos en el ejercicio de su labor.
El ente de control instó a las instituciones de los niveles nacional, departamental y municipal a trabajar de manera conjunta.
