La Procuraduría delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, pidió a la Corte Constitucional evaluar la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La solicitud se fundamenta en presuntas inconsistencias en la gestión del Ministerio de Salud relacionadas con el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Así se une a los reclamos que habían realizado diferentes sectores sobre el monto insuficiente destinado a ese rubro que es el pago anualizado por cada afiliado al sistema.
El ente de control argumentó que las decisiones del Ministerio de Salud se basaron en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales. Según la Procuraduría, el Ministerio habría utilizado fuentes de baja calidad y omitido validar información financiera clave de entidades como la Nueva EPS, que representa a una parte significativa de los afiliados al sistema.
En su análisis, la Procuraduría señaló que los argumentos del acto administrativo del Ministerio incluyen referencias desactualizadas, como sanciones de 2011, y no cumplen con los criterios técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993. Este hecho habría generado preocupación sobre la legalidad y transparencia del proceso.
La entidad destacó que, en al menos tres ocasiones entre junio de 2022 y diciembre de 2024, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional advirtió al Ministerio de Salud sobre el riesgo de incurrir en conductas disciplinarias y penales debido al incumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal.
Por ello, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia financiera en el sistema de salud. Además, instó al Ministerio de Salud a remitir los análisis técnicos utilizados en el cálculo de la UPC y a ajustar la metodología para incluir factores como la inflación, los cambios demográficos y el costo real de los servicios de salud.
