En julio de este año, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una acción popular contra varias entidades gubernamentales, entre ellas la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa y del Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El propósito de la demanda es salvaguardar derechos colectivos como la paz, la seguridad pública y el uso del espacio público en el Huila..
El Tribunal Administrativo del Huila admitió la acción popular, considerando el agravamiento de la seguridad en el territorio. Según la Fundación, esta situación es producto de una omisión estatal en el cumplimiento de sus responsabilidades de protección, lo que ha permitido que grupos armados ejerzan control sobre la región.
La demanda destaca que actores armados grupos criminales como el Estado Mayor Central o disidencias de las Farc, el ELN y la Segunda Marquetalia han incumplido compromisos establecidos con el Gobierno para avanzar en negociaciones de paz. Además, se cuestiona la efectividad del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego, encargado de evaluar el cumplimiento de estos acuerdos de manera periódica.
Entre las denuncias presentadas, FEDe Colombia subraya el reclutamiento forzado de menores, campesinos e indígenas por parte de grupos armados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre de este año se registraron 282 casos de menores reclutados, siendo el Huila una de las zonas más vulnerables.
La Fundación también documentó hechos como la imposición de peajes ilegales, secuestros, amenazas y el confinamiento de comunidades indígenas. Estas denuncias se sustentan en alertas tempranas de la Defensoría, informes de la ONU y reportes de medios de comunicación.
“No buscamos cuestionar la política de paz, sino garantizar los derechos de los habitantes del Huila”, declaró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación.
Hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta acción, presentando sus intervenciones ante el Tribunal a través del sistema SAMAI del Consejo de Estado. La participación ciudadana, argumentan, es clave para asegurar la adopción de medidas urgentes frente a la crisis.
Una acción similar ante la justicia se intenta y fue admitida para proteger a los habitantes del departamento de Arauca.