La cifra de por sí es escalofriante: 375 niños y niñas han sido asesinados entre enero y agosto de este año en el país. Cuarenta y siete homicidios por mes, un promedio de doce por semana. Pequeños que en sus días solo soñaban con ser doctores, bomberos, futbolistas, astronautas. Ser felices en los recreos del colegio. Divertirse con sus familias un fin de semana cuando podían ir al cine o de paseo al campo. Eso eran los 375 niños: soñadores. Seres inofensivos que esperaban que la vida les deparará un buen futuro.
Pero no. Los depredadores sexuales han cortado las alas de esos sueños. Como ocurrió con Sofía Delgado de tan solo doce años. Su corta vida terminó en un cañaduzal en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, después de haber sido abusada sexualmente por un hombre que terminó por confesar el execrable crimen.
La misma suerte corrió Alexis Delgado Ramírez de tan solo dos años de edad. La trágica historia ocurrió en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. El pequeño fue abusado sexualmente y luego torturado por su tío político que lo asesinó. Este depredador sexual enfrenta otros cargos por violación de un menor de 14 años.
Así la lista de cada historia —triste y fría— la conforman otros 373 niños que en solo ocho meses terminaron en manos de violadores y del repudio de una sociedad que no entiende cómo las autoridades, el propio Congreso y los gobiernos de turno, no han impulsado leyes más duras y campañas mucho más fuertes para proteger la vida de niños y niñas indefensos que terminan en las garras de estos criminales.
Este año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tiene la vigilancia sobre 40.787 niños que han sido víctimas de violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. Por abandono de sus padres o de adultos encargados de su custodia.
Una cruda radiografía de lo que ocurre con la niñez en el país. Como lo afirma la propia directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, quien señala que los niños están peligrosamente expuestos a los riesgos de la era digital y a una violencia irracional por parte de los adultos.
Toda esta compleja situación se da en el marco de la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, que tendrá lugar en Colombia ahora en noviembre. Se espera la asistencia de más de mil delegados, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones internacionales a favor de la niñez.
En la presentación del evento se ha señalado que a nivel mundial mil millones de niños y niñas, uno de cada dos menores de edad, sufre las consecuencias de la violencia física y sexual.
Colombia no es la excepción de este maltrato. No de ahora. Ha sido sistemático en el tiempo. Una lucha incansable de organizaciones sociales y algunos legisladores que han nadado contra la corriente para buscar que haya una mayor justicia. Que sea mucho más efectiva. Que a los violadores se les exhiba en carteles como se hace con los delincuentes de otras organizaciones como el narcotráfico.
Todo ha sido en vano. Todo se ha quedado en buenas intenciones de un puñado de personas como Gilma Jiménez que hasta el último día de su existencia luchó por los derechos de los niños y niñas.
La Procuraduría General de la Nación le pregunta al Gobierno, cuáles han sido las acciones que se han tomado para poner en marcha el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para prevenir casos como el de Sofía Delgado que salió a traer comida para su gato y al acecho estaba su victimario, un vecino que vivía al lado de su casa, un depredador sexual contra el que cursan varias investigaciones.
Pero la discusión de fondo está en dos puntos. El primero, la nueva reforma a la justicia que hace su trámite en el Congreso. Los legisladores pretenden proponer una rebaja de penas a los violadores con el argumento que los feminicidios y la violencia sexual, tenga penas reales y no lo que pasa hoy que la mayoría está en indagaciones. En este tema la balanza está dividida entre quienes consideran que las penas deben ser mucho más altas, incluso, incluir la pena capital. Otros señalan que la rebaja y confesión de los depredadores sexuales, permitiría sanciones más efectivas.
El segundo, está en la expectativa que tiene el país en relación con el Acuerdo de Paz con las Farc y el capítulo referente a abusos sexuales de niños y niñas. Que haya una verdadera confesión de estos delitos por parte de los jefes guerrilleros. Que haya justicia y reparación. Hasta el momento lo único real es una enorme expectativa sobre qué va a pasar en la JEP con este delicado y escabroso tema.
Mientras tanto, el país no puede seguir indolente frente a crímenes como los de Sofía, Alexis y los otros 373 menores de edad, víctimas inocentes de esa plaga llamada depredadores sexuales. Hasta cuándo habrá que esperar una política de Estado con dientes y campañas educativas, que ataque de raíz este doloroso y triste flagelo que en segundos acaba con los sueños de niñas y niños que a su edad, no conocen la maldad.
