Un juez argentino ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de una investigación por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La denuncia inicial, presentada en agosto de 2022 por un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires liderado por el abogado Darío Richarte, acusa al matrimonio y a otros funcionarios del régimen de crímenes de lesa humanidad.
Según el abogado Richarte, la decisión judicial constituye "un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas". El juez Ariel Lijo, a cargo del caso, basó su resolución en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos graves cometidos fuera del territorio nacional, como crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, presentada originalmente en 2022, documentó presuntos actos de represión, encarcelamiento de opositores y persecución a grupos vulnerables desde abril de 2018. Entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, los denunciantes ampliaron la demanda con nuevos testimonios de víctimas y pruebas recopiladas con el apoyo de organismos internacionales.
El principio de jurisdicción universal, aplicado por la justicia argentina, habilitó el avance del caso contra el régimen nicaragüense. Según Richarte, la medida "busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia".
La orden de captura internacional se extiende también a una docena de funcionarios nicaragüenses acusados de estar involucrados en las violaciones documentadas. Richarte calificó el fallo como "histórico", destacando su importancia para la justicia universal y la lucha por los derechos humanos en la región.
