Este miércoles 24 de enero, marcó un precedente en la historia política de Argentina, debido a que, a tan solo 45 días de asumir la presidencia, Javier Milei se vio confrontado con su primer paro general. Un suceso sin precedentes en los 40 años de democracia en el país, evidenciando la rápida movilización de la oposición a las amplias reformas económicas propuestas por el nuevo Gobierno.
La convocatoria, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor agrupación sindical del país, junto con diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos, congregó a una multitud en la capital y generó movilizaciones en otras ciudades clave. El epicentro de la protesta fue el edificio del Congreso de la Nación, pero las calles circundantes y la Avenida 9 de Julio también fueron testigos del descontento generalizado.
Los reclamos se centraron en las dos reformas más destacadas impulsadas por Milei: el proyecto de Ley Ómnibus, actualmente en debate en el Congreso, y el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que ha eliminado las reglas en amplios sectores de la economía. A pesar de que la Justicia suspendió temporalmente la reforma laboral incluida en el DNU, la protesta se mantuvo firme, expresando la oposición a medidas que afectan los derechos laborales y aumentan la precariedad en el empleo.
Oficialmente iniciada al mediodía, la huelga impactó en diversos sectores, paralizando bancos y otros servicios. Los hospitales solo atendieron emergencias, y numerosos vuelos fueron cancelados o reprogramados. Aunque el transporte público operó durante el día, se prevé su suspensión nocturna.
El acto central, que arrancó poco después de las 2:00 de la tarde, contó con discursos de los secretarios generales de la CGT. Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros, arremetió contra legisladores peronistas, exigiendo responsabilidad frente a leyes que afectan a los trabajadores. Moyano criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió sobre las consecuencias sociales de las medidas de ajuste.
En respuesta, el Gobierno rechazó la huelga, anunciando descuentos salariales para empleados públicos que participaron en la protesta. El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró el paro como una "complicación" y descartó cualquier posibilidad de diálogo con la CGT. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la voz más enérgica del oficialismo, tachando a los sindicalistas de "mafiosos" y acusando a diversos actores de resistir el cambio liderado por el presidente Milei. La polarización política se intensifica, y el desafío para el mandatario argentino se presenta como un indicador temprano de la tensión que rodeará su gestión.
