En el pacífico colombiano, la espiral de violencia no cesa, y la crisis humanitaria se agrava, según advierte el Consejo Noruego para los Refugiados. Medios de comunicación y líderes comunitarios han reportado diversos actos violentos en la región que han generado un desplazamiento masivo de población.
Datos preliminares de las autoridades locales y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señalan que en los primeros 15 días de 2024, el conflicto ha forzado a tres mil personas a abandonar sus hogares, mientras que otras 10 mil permanecen confinadas en condiciones precarias.
Giovanni Rizzo, director en Colombia del Consejo Noruego para los Refugiados, expresó su preocupación por la situación y lanzó un llamado urgente a las autoridades, especialmente a los recién posesionados alcaldes y gobernadores.
"Me preocupa ser testigo de cómo miles de mujeres, hombres y niños que viven en zonas remotas de Colombia se enfrentan a nuevas oleadas de desplazamiento, violencia y confinamiento forzoso en el inicio de este año. Hacemos un llamado a las autoridades, particularmente a las y los alcaldes y gobernadores recientemente posesionados en la región del Pacífico, para que continúen con su obligación de brindar ayuda a las víctimas del conflicto armado", enfatizó Rizzo.
Los municipios de Olaya Herrera y Samaniego, en el departamento de Nariño, se perfilan como epicentro de los desplazamientos, mientras que en el departamento de Chocó, más de 9.000 personas han sido confinadas desde noviembre de 2023 debido a enfrentamientos armados y amenazas de muerte. La alerta también se extiende al municipio de Juradó, donde más de 1.000 personas permanecen confinadas en su propio territorio. La urgencia de la situación demanda una acción inmediata y coordinada para abordar esta creciente crisis humanitaria en el Pacífico colombiano.
“Estas comunidades vulnerables no deben ser abandonadas. Las autoridades deben proporcionar a las comunidades el acceso a la ayuda humanitaria tan necesaria para salvar vidas y a los servicios esenciales, como la educación y la salud. Todas las partes en el conflicto deben rendir cuentas de sus actos”, sentenció Rizzo. Aún la Casa de Nariño no se pronuncia al respecto.
