Directora Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia.
El escenario actual
Los dos grandes océanos que bañan a América Latina se están calentando y acidificando a medida que aumenta el nivel del mar por acción del cambio climático, lo que generará mayores impactos en la región en términos de eventos naturales producto de los cambios abruptos del clima. Solo el incremento del nivel del mar en Latinoamérica es una amenaza latente, ya que la mayor parte de la población vive en zonas costeras. El suministro de alimentos y agua se verá afectado y la infraestructura para sostener las ciudades y los pueblos está en alto riesgo. La Amazonía es un ecosistema en situación crítica que proporciona alrededor del 40% del agua dulce de América Latina, regula la calidad del aire y almacena las emisiones netas de carbono para el continente sudamericano. En una perspectiva biocéntrica, los seres humanos serán una de las tantas especies en la región que verán impactada su vida y su bienestar por acción del cambio climático (CC).
El V Reporte de Evaluación de Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático evidencia que el 4,3% de la deforestación global ocurre en Argentina debido a que el avance del cultivo de la soja representa el 18% de la superficie sembrada en el planeta. Brasil se comprometió a reducir el 37% de sus emisiones de carbono para el 2025 y el 43% para el 2030, pero las políticas ambientales de deforestación del presidente Jair Bolsonaro están poniendo esos objetivos en grave peligro, mientras los incendios en la selva amazónica lo evidencian. En los últimos 50 años, Bolivia perdió el 50% de la superficie glaciar, y para el 2030, la mitad de su territorio corre un enorme riesgo: el 27% podría verse afectado por una sequía persistente, mientras que otro 24%, por inundaciones recurrentes. Además del alto riesgo de sufrir terremotos e inundaciones, los incendios se ciernen sobre Chile: solo entre 2016 y 2017, alrededor de 576.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego. México ocupa el puesto número 13 entre las naciones que más emiten gases efecto invernadero en el planeta. El Programa Mundial de Alimentos (PMA), contabilizó que más de ocho millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sufren de hambre producto de años consecutivos de sequía.
Apenas ocho países han elaborado o están elaborando estrategias frente al cambio climático, con un horizonte al 2050.
Las agendas políticas de la región
Para los países de América Latina, existen 213 normas que abordan el CC. Los sectores que cuentan con mayor número de leyes relacionadas con energía (58.8%) y asuntos en materia forestal (25.36%). Pero de mayor dimensión e impacto son las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC (por sus siglas en inglés). Las NDC son las políticas núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de objetivos a largo plazo.
Apenas ocho países (Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Panamá, Uruguay y Cuba) han elaborado o están elaborando estrategias de largo plazo frente al cambio climático, con un horizonte al 2050. Para el corto y mediano plazo, varios Estados han comenzado a fortalecer, articular y/o establecer planes de implementación (Paraguay, Ecuador), hojas de ruta (Honduras y Guatemala), planes de acción (Chile), programaciones tentativas (Perú́), planes nacionales y estrategias de cambio climático (El Salvador y Colombia) que van definiendo la implementación de las NDC.
“El Programa Mundial de Alimentos (PMA), contabilizó que más de ocho millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sufren de hambre producto de años consecutivos de sequía”
Tres países (Colombia, México y Uruguay) han desarrollado sistemas nacionales de cambio climático que buscan articular sectores, territorio, financiamiento climático, entre otros. Uruguay ya cuenta con un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático encargado de coordinar y planificar acciones públicas y privadas necesarias para la prevención de riesgos, mitigación y adaptación.
Pero la gran mayoría de países no cuenta con metas de reducción de emisiones para toda la economía. En ese sentido, es urgente mejorar la coherencia entre las metas presentadas en las NDC y las políticas nacionales, particularmente en materia de uso de combustibles fósiles, incluyendo el establecimiento de objetivos cuantitativos que faciliten el monitoreo. Para ello se requiere comenzar por fortalecer las capacidades sectoriales y los sistemas de información que son muy frágiles e incompletos, e iniciar una verdadera transición energética.
Por otra parte, muy pocos países cuentan con iniciativas promovidas desde los gobiernos para involucrar a la sociedad civil. En Costa Rica el programa “País de carbono neutralidad 2.0” involucra a las grandes empresas y pymes. Chile cuenta con el programa nacional “Huella Chile”, un proceso de gestión del carbono cuyo principal objetivo es fomentar en organizaciones públicas y privadas la gestión de GEI para la mitigación de las emisiones totales del país.
A pesar de los esfuerzos, la cobertura y robustez de las agendas de política de los Estados latinoamericanos en temas de CC y su ejecución no son proporcionales a la dimensión del fenómeno en la región. Ante la urgencia e importancia de articular políticas, debería trabajarse de manera mancomunada articulando las agendas nacionales en materia de cambio climático y estableciendo una estrategia fundada al menos en seis ejes: educación ambiental desde los primeros años del ciclo escolar, protección a la Amazonía, implementación de estrategias de descarbonización, construcción de resiliencia antes que mitigación del impacto del cambio climático (CC), transición energética enfocada hacia energía y transporte con cero emisiones de carbono y con un compromiso efectivo del sector privado.
El rol de la banca multilateral y los gobiernos urbanos
La banca multilateral y en particular los gobiernos urbanos y locales tienen agendas con políticas concretas más ágiles y, para muchos, con mayor capacidad de representación y legitimidad.
La CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- ha asumido el compromiso de convertirse en el banco verde de América Latina, con un mayor énfasis en inversiones que busquen la conservación y el uso sostenible del capital natural de la región y mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene como meta que el financiamiento verde alcance el 40% en 2026, refrendado en la COP26 y reiterado en el 9° Foro Mundial del Agua, lo que se traduce en USD 25.000 millones durante los próximos cinco años en favor de operaciones verdes.
El Grupo BID tiene el propósito de hacer converger todos sus préstamos con el Acuerdo de París para principios de 2023 y proporcionar $24.000 millones para financiamiento verde durante los próximos cuatro años. A su vez, dado que el sector transporte es responsable del 35% de las emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe, se han desarrollado modelos de negocio para la implementación de buses eléctricos para el transporte público con apoyo del BID en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Lima, Santiago, Curitiba y Buenos Aires.
“Ante la urgencia e importancia de articular políticas, debería trabajarse de manera mancomunada articulando las agendas nacionales en materia de cambio climático”
Las ciudades tienen un lugar preeminente en la construcción de las agendas sobre cambio climático y sus esfuerzos son impulsados no solo con sus propios presupuestos sino con apoyos extrarregionales. Son numerosas las redes y asociaciones de ciudades que intercambian buenas prácticas y trabajan de manera cada vez más mancomunada en la lucha contra el CC. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en las Américas (GCoM Américas), por ejemplo, es financiado por la Unión Europea. Los gobiernos de las distintas ciudades de la región, las empresas y la sociedad civil se han reunido bajo la batuta del Instituto Alexander Von Humboldt de Colombia con el apoyo del Foro Económico Mundial para impulsar BiodiverCiudades 2030, donde se articulan biodiversidad local y regional con planificación y ordenamiento del territorio, como eje esencial del desarrollo socioeconómico.
No obstante, los esfuerzos existentes, los riesgos a que se exponen los Estados latinoamericanos en relación con el cambio climático son enormes dado que las zonas más vulnerables están expuestas al tráfico de mercados ilegales, deforestación, ganadería extensiva, conductas y obras de infraestructura no amigables con el medio ambiente. Y dichas problemáticas ocurren en las zonas donde existe menor control del territorio por parte del Estado. Lo que realmente subyace al establecimiento de políticas urgentes que sean efectivas en la lucha y mitigación del cambio climático en América Latina, es el control y uso equilibrado por parte de los Estados de los recursos relacionados con la tierra. De lo contrario, los gobiernos urbanos y locales así como actores no estatales pueden incidir a tal punto que desafíen las políticas de los Estados.
