La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, se quedó con el poder total en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al sacar esta semana a su presidenta Alba Luz Ramos, y ordenar la destitución de los directores de áreas claves del alto tribunal.
El régimen de los Ortega ordenó que un grupo de policías —bajo el mando del comisionado general en retiro Horacio Rocha— desalojaron de su oficina y enviaron a su vivienda a la magistrada Ramos, el martes 24 de octubre. Dos días después, hicieron lo mismo con la magistrada Yadira Centeno González, presidenta de la Sala Civil y de Familia, pero permitieron que Centeno regresara a trabajar a la Corte Suprema de Justicia.
El retiro de la presidenta de la Corte fue precedido por la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del FSLN y secretario general administrativo de la Suprema, y del director de Informática Martín García. Ambos exfuncionarios fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. acusados de haber cometido actos de corrupción.
Para analistas en Nicaragua, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otra dependencias y ministerios, tal como hace con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La esposa de Ortega además buscaría tener control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega.
