EUROPA PRESS
El estado de Florida, en Estados Unidos, ha aprobado este jueves una nueva legislación que apunta a la imposición de sanciones económicas a empresas y hospitales que requieran la vacunación obligatoria contra la COVID-19 a sus empleados.
La ley también impide a las instituciones educativas o gubernamentales hacer cumplir los mandatos de vacunación obligatoria y propone que los empleados estén exentos por razones de religión o salud, o si optan por emplear equipos de protección individual o someterse a pruebas de detección de la enfermedad.
Las empresas privadas que no acaten esta norma estatal se podrán enfrentar a multas que van desde los 10.000 dólares –cerca de 9.000 euros– hasta los 50.000 dólares –unos 44.000 euros–, dependiendo del tamaño del negocio y la cantidad de trabajadores, apunta ‘The Hill’.
El gobernador republicano Ron DeSantis ha firmado esta norma apenas un día después de que los legisladores conservadores aprobasen su agenda en contra del mandato de vacunación obligatoria, y ha celebrado que esta es «la legislación más fuere que se ha promulgado en cualquier parte del país».
De esta forma, el gobernador se opone una vez más –como ya lo hizo con el uso obligatorio de mascarilla– a las disposiciones aprobadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en aspectos relacionados con la pandemia, recuerda CNN.
«Hay momentos en los que es necesario ponerse de pie y hacer que se escuche tu voz, y tuvimos la capacidad de hacerlo (…) Al final del día, nadie en Florida debería perder su trabajo la vacunación. Queremos que la gente pueda trabajar, queremos que la gente pueda mantener a sus familias. Queremos que la gente pueda tener medios de vida, y así será en este estado», ha aseverado DeSantis en una conferencia de prensa.
Además, ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde ha asegurado que Florida «se interpondrá en el camino de los burócratas que quieren quitarnos los trabajos y la libertad mediante mandatos de mano dura».
MANDATO DE VACUNACIÓN
En el mes de septiembre, el presidente Biden lanzó el mandato de vacunación para empresas privadas con cien o más empleados. Sin embargo, desde varios estados del país este fue demandado y, finalmente, ha quedado en suspensión, aunque la Casa Blanca ha insistido en que los empleadores continúen aplicando la medida.
«Nuestro mensaje para las empresas en este momento es avanzar con medidas que harán que sus lugares de trabajo sean más seguros y protegerán a su fuerza laboral contra el COVID-19», ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa.
Psaki ha apuntado que la Administración Biden sigue convencida de su autoridad para emitir el mandato y que sigue trabajando para que las empresas cumplan con la norma con fecha límite del 4 de enero de 2022, como en un principio se había establecido antes de que la legislación fuera suspendida.
«Seguimos avanzando hacia la misma fecha límite. El Departamento de Justicia está defendiendo enérgicamente la norma temporal de emergencia en la corte y confiamos en la autoridad de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés)», ha añadido.
